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Los debates a inicios del milenio | Jorge Schiaffino Isunza*

  • Jorge Schiaffino

Los acontecimientos recientes sobre la Reforma Política del Distrito Federal nos obligaron a hacer un alto en la revisión de la evolución política y la transformación de la ciudad. Por ello, continuamos retomando como fecha en marzo de 2001, los legisladores de todos lo partidos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal iniciaron una serie de negociaciones encaminadas a reformar el régimen constitucional vigente, con el propósito de dar a esta entidad federativa una mayor autonomía dentro de la estructura del régimen constitucional mexicano.

Durante más de nueve meses se realizó un profundo análisis de la organización jurídico-política del Distrito Federal, frente a las necesidades urbanas que crecientemente exigían acciones y decisiones a nivel local. El resultado final de los trabajos fue un conjunto razonado de reformas que alcanzaron el consenso de todas las corrientes políticas representadas en la Asamblea Legislativa.

Esta reforma se concentró en dos propósitos dentro del texto constitucional. Primero, modificaba y adecuaba lo correspondiente al ejercicio de las facultades conferidas a los poderes federales que requieren garantizar su operación eficiente, eficaz y segura para la República, desde su asiento territorial que es el Distrito Federal.

En segundo término, precisaba las bases constitucionales para dar mayor autonomía al Gobierno del Distrito Federal. Al mismo tiempo, se otorgaba a los poderes federales primacía jurídica respecto de las disposiciones o actos que pudieran generar controversias entre los órganos del Gobierno local y los poderes federales.

Fue hasta noviembre de 2001 cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por conducto de su Comisión de Gobierno, presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que reformaba los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 110, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El pleno de la H. Cámara de Diputados discutió y aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reformaba los artículos 73, 76, 89, 108, 109, 111 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 14 de diciembre de 2001, y envió a la H. Cámara de Senadores la minuta que contenía el proyecto. Las comisiones encargadas de realizar el dictamen concretaron modificaciones a la iniciativa a fin de dar mayor congruencia al texto de los artículos.

En sesión celebrada el 1 de octubre de 2002, el H. Senado de la República decidió desechar en su totalidad la minuta de referencia. En esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva del H. Senado de la República envió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el dictamen donde la Cámara de Senadores resolvió desechar en su totalidad la minuta en cuestión.

A consecuencia de lo anterior, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 7 de noviembre de 2002, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En dicha controversia se impugnaba el dictamen de la Cámara de Senadores por los efectos jurídicos que generaba, dado que la resolución del punto segundo de dicho dictamen era una violación directa de la competencia constitucional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecida en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso “ñ” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese precepto faculta a dicho órgano legislativo para presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión, entre las que están incluidas las iniciativas de reforma constitucional.

Fue hasta febrero de 2004 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó la controversia interpuesta por la Asamblea contra el Senado, sin entrar al fondo del asunto por considerar que no era procedente debido a que el acto reclamado no era definitivo.

Porque su razonamiento explicaba que el Senado regresó el proyecto a la Cámara de Diputados para su revisión, por lo que el proceso legislativo resultaba “inacabado”, ya que quedó pendiente que esta Cámara determinara si aceptaba o no las consideraciones del Senado.

Como se puede advertir, las diferencias en las posiciones políticas y legislativas en ambas Cámaras, por un lado, intensificaron y aceleraron el debate, y por otro, propició un lento desenvolvimiento en las decisiones. En nuestras próximas entregas los escenarios que se desarrollaron como antecedentes sólidos de la reciente reforma aprobada.

Al tiempo.

* Exlegislador

jorgeschiaffinoisunza@yahoo.com.mx

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