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Los derechos indígenas y la CDI

  • Nuvia Mayorga

Nuestra Constitución Política, en su Artículo 2°, apartado B, mandata a los tres órdenes de Gobierno a promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, estableciendo instituciones y políticas públicas para garantizar la vigencia de los derechos de la población indígena y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deben ser diseñadas y aplicadas conjuntamente con ellos.

Con este mandato y en el propósito de garantizar la justicia, en su concepto más amplio, que es la justicia social contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 y en el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), estableció como uno de sus objetivos: Impulsar el reconocimiento, la vigencia de losderechos y el acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas, ya que consideramos que esto es fundamental para construir una sociedad de derechos.

En atención a ello y en respuesta a las aspiraciones de la población indígena, con la participación y opinión del Consejo Consultivo de la CDI, instrumentamos mediante un rediseño institucional, el Programa de Derechos Indígenas, cuyo objetivo es contribuir a impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas, a través del cual se creó e instrumentó una política pública que coadyuva a fortalecer las políticas establecidas por el Gobierno de la República, en materia de derechos humanos.

Al ser la población indígena un grupo social específico, pero a la vez conformado por diversos pueblos indígenas, que puedan estar o no, en condiciones de discriminación, con el Programa de Derechos Indígenas estamos llevando a cabo acciones propias y transversales con diferentes instancias del Gobierno con resultados positivos, que están permitiendo generar mecanismos para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos indígenas, tanto en lo individual como en lo colectivo.

Las acciones están orientadas a atender temas y actores, que van desde la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el impulso de actividades en materia de acceso a la justicia, de prevención y atención de conflictos agrarios, Registro Civil, fortalecer las capacidades de la población indígena para el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, con la finalidad de contribuir a la disminución de las brechas de desigualdad de género, entre otras.

Es importante señalar que las acciones en materia de Registro Civil, sin duda, son de las más trascendentes, porque con ellas, contribuimos a garantizar un derecho fundamental de cualquier persona que es el derecho a la identidad, que es una de las obligaciones principales que tiene el Estado, en este caso, el de las personas indígenas, por ello, en colaboración con la Secretaria de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población, hemos instrumentado un programa para que toda persona indígena, cuente con un documento de identidad, que le permita no solo tener un nombre y una nacionalidad, sino estar en la capacidad de hacer efectivo el acceso a todos los derechos que le otorga nuestra Constitución Política. Lo estamos haciendo en los lugares donde vive la población indígena o en los destinos en el caso de la movilidad interna.

Con estas y otras acciones, estamos trabajando con una política pública diferenciada, para dar plena vigencia a los derechos de la población indígena, en una nación pluricultural, una política pública con la que la CDI entiende, atiende y sirve a los Pueblos Indígenas.