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Los nuevos ministros / El Agua del Molino / Raúl Carrancá y Rivas

  • Raúl Carrancá y Rivas

En pocas semanas más serán nombrados dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sitial más alto en el Poder Judicial que es uno de los tres de la República. ¿Se repetirá la historia de siempre, o de casi siempre, en medio de una oleada de advertencias y críticas ciudadanas, invariablemente desoídas? Es decir, ¿llegarán a tan relevante cargo y dignidad personas no lo suficientemente calificadas y bajo el impulso de la voluntad presidencial? No nos engañemos, hoy por hoy la Constitución se lo permite al Presidente en los artículos 89 fracción XVIII y 96, lo cual es una clara intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito del Poder Judicial, rompiéndose así el Equilibrio de Poderes. Al respecto hay pruebas manifiestas de que el Presidente y el Senado no siempre eligen a los mejor calificados. La realidad es que en las propuestas y designaciones se mueven y manejan intereses de toda clase, muy ajenos a la calidad jurídica, intelectual y moral de los aspirantes, salvo honrosas excepciones; lo que no debería suceder en un auténtico Estado de Derecho.

Ahora bien, los que critican tan lamentable situación y protestan, por lo regular no atinan su puntería ni, en consecuencia, aciertan a dar en el blanco. Se refieren a todo menos a la Constitución, cuando el problema está en la Carta Magna, en el método constitucional que de ninguna manera es democrático ni acorde con los principios fundamentales del Derecho (aparte las vicisitudes históricas). “Urge, pues, cambiar la Constitución”. ¿Pero conviene a los círculos de poder que manejan los hilos de la Justicia Federal? Se dirá que es impoluta aunque formada por hombres, por individuos con defectos y virtudes. Sin embargo, lo que pasa es que de suyo es imperfecto el “nacimiento” constitucional de los ministros, que en tal virtud mantienen y conservan un cordón umbilical con el Poder Ejecutivo. No se puede en el caso, a mi juicio, hablar de una “independencia absoluta” porque habría que ser ingenuo para suponerla, y al efecto es innegable la intromisión de aquél Poder en el Judicial, lo que fatalmente trae como resultado fisuras muy graves en una deseable autonomía. A mayor abundamiento y en la designación de tan importantes magistrados, no se suelen tomar en cuenta su sapiencia jurídica ni sus índices de moralidad y honestidad. ¿Pero cuál es la solución para evitarlo? Desde luego una inmediata reforma constitucional, que tanto se ha clamado, para que en primer lugar el Presidente de la República no tenga participación de ninguna clase; y, en segundo, para definir si es conveniente que el Senado haga la final designación habida cuenta de que ello implica, de manera similar a la del Presidente de la República, “un entremetimiento del Poder Legislativo en el ámbito del Poder Judicial”. La salida del problema podría estar en que se instituyera a nivel constitucional un cuerpo especial, colegiado, de eminentes miembros del foro y de la academia, con dos o tres representantes del Poder Judicial para que ilustraran sobre las posibles carreras judiciales de los candidatos, y que hiciera la designación final. No obstante hay otro problema: ¿cómo se establecería ese cuerpo, con qué requisitos y quién lo designaría? Lo que importa, sin embargo, es la imperiosa necesidad de evitar que el Presidente tenga cartas en el asunto. Este es, a mi juicio, el punto neurálgico de la cuestión. Hoy por hoy los ministros, desde su origen, no son independientes en el grado que deberían serlo. Colateral a lo anterior se hallan el hecho de la edad y el de la carrera o estudios que habiliten al propuesto, porque para ser miembro del más alto tribunal de justicia de la nación se ha de ser, sobre todo, un gran, un eminente jurista. Y en lo tocante a la edad el límite lo debe dar la propia naturaleza. La historia, a su vez, ha dado ejemplos notables de servicio a una causa o a un ideal, en los cuales la edad avanzada -estando en buenas condiciones- no es un obstáculo. En suma, en México hay notables juristas, independientes, sin compromisos aviesos que puedan significar tachaduras. ¿Por qué no se recurre a ellos? La llamada sociedad civil debería insistir en esto con el mayor ahínco.
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