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Marco A. Bernal

  • Marco Bernal

Justicia Cotidiana y la consolidación del Estado de Derecho en México

La población mexicana se manifiesta molesta ante la falta de acceso a la justicia en sus vidas cotidianas. La Justicia Cotidiana, como se nombró la actual propuesta de reforma, se refiere a aquellas situaciones jurídicas que se presentan a lo largo de la vida de las personas y que no tienen que ver con temas penales. La iniciativa del presidente de la República Enrique Peña Nieto sobre Justicia Cotidiana es una respuesta que representa un avance importante para construir un México donde haya justicia pronta, expedita e imparcial en la realidad diaria de la población.

La iniciativa es un primer paquete con ocho iniciativas de Reforma Constitucional, tres iniciativas de reforma legal, la propuesta de una nueva Ley General y un decreto administrativo. La iniciativa es ambiciosa pero con bases sólidas en la participación de académicos, juristas y representantes de la sociedad civil. La participación de especialistas se realizó a solicitud del Presidente y fue el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), el encargado de realizar foros de consulta en materia de justicia cotidiana en los meses de enero y febrero de 2015.

El objetivo de los foros fue elaborar propuestas y recomendaciones para hacer más amplio, eficaz, y equitativo el acceso a la justicia para la población. El resultado de este amplio proceso de consulta fue la atención por parte del Gobierno a las recomendaciones hechas y la realización de los Diálogos por la Justicia. Derivado de los diálogos se elaboró la iniciativa del Presidente que propone cambios contundentes en la vida diaria de los mexicanos. Lo anterior significa un paso necesario que complementa las reformas transformadoras aprobadas en la presenta administración.

Se trata de una reforma que unifica los mecanismos y procedimientos de impartición de justicia en todo el país. Es importante destacar de manera breve cinco de los objetivos específicos de la reforma presentada: La sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Juzgados y Tribunales Laborales del Poder Judicial federal o de los poderes Judiciales locales, la creación del Sistema Nacional de Impartición de Justicia, la unificación de las reglas para atender controversias de orden civil y familiar, ampliar la implementación de juicios orales en materia mercantil y homologar el funcionamiento de registros civiles y de propiedad.

La propuesta da prioridad a la solución de conflictos y no a los procesos. Por esto, en el PRI apoyamos plenamente la reforma para mejorar la solución de conflictos en el ámbito de la justicia civil, mercantil, familiar, laboral y administrativa. En el PRI somos conscientes del gran impacto social que se generará, y confiamos que la reforma permitirá superar los sentimientos de desprotección, injusticia y frustración que en ocasiones padecemos todos los ciudadanos en nuestras vidas diarias.

Además, en el PRI vemos esta reforma, que ahora pasa al Congreso de la Unión, como un fruto de la amplia consulta y participación nacional en materia de justicia, así como un avance al arduo esfuerzo y trabajo para consolidar el Estado de Derecho en nuestro país.