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Más sobre anatomía de la corrupción

  • José Roberto Ruíz Saldaña

  • José Roberto Ruiz Saldaña

En el interesante estudio “México: Anatomía de la Corrupción”, de la asociación “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), referido en este mismo espacio la semana pasada, se ofrecen también datos contundentes sobre el lastre que representa aquella por los enormes costos económicos. La corrupción, por ser uno o quizá el principal factor que inhibe el buen entorno de negocios, debiera ser mayormente motivo de preocupación en nuestro país.

En efecto, ese fenómeno no solo genera costos directos, como el dinero que se va a sobornos o la enorme cantidad de recursos públicos de los programas sociales que se pierden en el camino de los intermediarios; sino costos indirectos, difíciles de documentar y cuantificar, como la disminución en la productividad del capital invertido por empresas o la inversión que deja de llegar.

Conforme al Reporte del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2014-2015, la corrupción es el principal factor que inhibe un buen entorno de negocios, seguida por la regulación tributaria y la burocracia ineficaz. De ahí que no sorprenda que en México los empresarios coloquen el combate a la corrupción como la principal variable, para mejorar la competitividad con 90 por ciento de menciones.

Si bien no existe una metodología que pueda señalar con certeza cuál es el costo económico que provoca la corrupción en nuestro país, lo cierto es que hay quienes coinciden en su considerable proporción. Para Ary Naim, gerente general para México de la Corporación Financiera Internacional, miembro del Banco Mundial, el costo equivale a nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La Organización de los Estados Americanos (OEA) la ubica en 10 por ciento del PIB.

A nivel de la economía de los hogares, la corrupción también es impresionante en sus cifras. El monto promedio anual del ingreso que los hogares destinan a pagar actos de corrupción es de 14 por ciento en los hogares mexicanos en general y 33 por ciento para los hogares que perciben un salario mínimo.

Más allá de los costos económicos -continúa señalando el Informe aquí referido- la corrupción tiene otros costos no medibles, como la desconfianza en las instituciones, que genera a su vez una crisis en la representación y descontento con la democracia. De ahí que en la Encuesta “¿Cómo Recuperar la Confianza?” de 2014, 30 por ciento, es decir, el número más alto, haya respondido que combatir la corrupción es lo que deben hacer los gobernantes y los partidos políticos para recuperar la confianza que han perdido de los ciudadanos.

Precisamente en esto último se basa en gran parte el futuro y aprecio a la democracia. Combatir la corrupción y crear una cultura de la legalidad abonará en el fortalecimiento de aquella. Sin duda es plenamente pertinente una de las cuatro recomendaciones que ofrece el Estudio aquí comentado: se requiere, desde la perspectiva política, “convertir el control de la corrupción en un pilar estratégico del sistema de Gobierno”.

Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77

joseroberto.ruiz@ine.mx