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Masoquismo frustrante / Dr. Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

El presidente López Portillo llegó a comparar alguna vez la relación de su Gobierno con la prensa como “masoquista”: “les pago para que me peguen”; ahora parece que la expresión describiera la relación entre el Gobierno mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que habiendo sido generosamente expensado por aquel para: elaborar planes de búsqueda, analizar técnicamente las líneas de investigación, recomendar acciones al respecto y analizar técnicamente el plan de atención a víctimas en torno a la desaparición de 43 personas, acabó emitiendo una condena contra el propio Gobierno, al que sentó en el banquillo de los acusados. El GIEI pareció llegar prejuiciado a cuestionar de entrada los resultados de la investigación hecha por la PGR, de la cual ya habían surgido responsabilidades fincadas a un buen número de personas.

El Gobierno estimó correctamente que el periodo de seis meses, prorrogado hasta triplicarse, era suficiente para los fines acordados y el GIEI, en su informe final, cumplió con ellos y emitió las recomendaciones previstas, pero lo hizo en un ambiente de mitin político, atacando abiertamente al Gobierno y dejando la sensación de que no vino a coadyuvar en la investigación, sino a deslegitimarla y ahora se quejan de que fue el Gobierno quien frustró su tarea. Es claro que hay fallas en lo actuado, justo vinieron a ayudar a superarlas, pero sin una refutación sólida desconocen la opinión técnica de otros expertos que habían aceptado como aptos para dictaminar y que avalaron la investigación de la PGR.

El GIEI no puede pretender infalibilidad. La democracia se basa en la responsabilidad y rendición de cuentas de quienes realizan funciones públicas. El Gobierno y la sociedad mexicana tenemos derecho de enjuiciar su trabajo, tienen la obligación de darnos a conocer detalladamente el contenido de la investigación que pagamos con nuestros impuestos y la Auditoría Superior de la Federación el deber de auditar a este grupo como a cualquier otro que ejerza recursos públicos, de acuerdo al artículo 79 constitucional.

El Estado mexicano debe tener cuidado con lo que firma y prever las consecuencias de sus acciones. Poner en manos de instancias extranjeras funciones que son exclusivas de las instituciones nacionales conspira contra la legitimidad de estas; se abre la puerta a que se nos califique de “Estado fallido” si necesitamos de la supervisión extranjera para que las funciones de la autoridad nacional sean creíbles. No me imagino al Gobierno estadunidense poniendo en manos de un grupo internacional de expertos la investigación de un homicidio cometido por uno de sus agentes de autoridad. El nuestro debió estimar una posible visión prejuiciada en su contra desde la redacción misma del acuerdo, que suponía ya la vinculación de las autoridades con la delincuencia organizada, pero no incorporaba la posible relación de esta con algún otro de los actores. Si se pretendía dejar en claro la disposición gubernamental de México al esclarecimiento de los hechos, el resultado fue precisamente lo contrario. Ahora solo queda mantener una postura firme frente a lo que sonó a amenaza por parte del presidente de la CIDH, de modo que el Gobierno federal, el cual originalmente no tenía ninguna responsabilidad directa en los acontecimientos, debe prever que puede acabar acusado ante la Corte Interamericana solo por no haber aceptado más la presencia, bien pagada, de este grupo de expertos… para que le siguiera pegando.
eandrade@oem.com.mx