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Menos recursos a la Iniciativa Mérida por violaciones a derechos humanos / Claudia S. Corichi Garcia

  • Claudia Corichi

México está reprobado en derechos humanos, tal situación pesa por primera vez y afecta no sólo la política de seguridad del país en tiempos dónde los recursos son escasos, sino que abunda en el desgaste de un controversial mecanismo de cooperación del que hasta ahora, sus beneficios han sido ínfimos en contraste con las concesiones de soberanía nacional que se contemplaron, y que ni siquiera con este marco se pudiera contener a Joaquín Guzmán “El Chapo” tras la rejas.

Ha caído como agua fría de este lado de la frontera, la noticia de que el Congreso de Estados Unidos ha bloqueado 15 por ciento del presupuesto destinado a México en el marco de la Iniciativa Mérida, como respuesta a que el departamento de Estado no ha confirmado que México satisfaga los criterios en el cumplimiento de los derechos humanos. Este año se presume que de los 148 millones de dólares reservados para la Iniciativa Mérida, cinco han sido destinados al “apoyo de erradicación de coca en Perú”, situación que abunda a la lentitud en la que fluyen estos recursos al país.

Según fuentes de The Washington Post, -diario que tuvo la primicia- han sido los casos de Tlatlaya, donde se confirmó la participación de militares en el homicidio de 15 personas, y por supuesto, el de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, los que generaron la negativa de certificación en materia de Derechos Humanos para México, argumento que se confirma con la información contenida en un par de cables desclasificados recientemente.

Hay que recordar que meses atrás, ocho organizaciones de DDHH de Estados Unidos y México, pidieron formalmente al gobierno de Obama no emitir éste año la certificación para México y que, de este modo, se retuviera el 15 por ciento de los fondos, tal como ha sucedido.

El pasado 9 de marzo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, presentó su informe elaborado tras su visita a México, en el que confirmó que uno de nuestros más grandes temores es la tortura, en el marco de violencia generalizada ocasionada por el narcotráfico. A este juicio, se suma la declaración del alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zaid Ra’ad Al Hussein, quien invitado por Peña Nieto, concluyó que México vive una profunda crisis de derechos humanos. Resta señalar que el Informe Preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre México ha sido demoledor al incluirlo el llamado capítulo 4, es decir, la “lista negra” de los países de la región. Tan sólo en 2014, México recibió cerca de 130 recomendaciones internacionales en la materia.

De los cuatro pilares que integran la Iniciativa Mérida, destaca que sólo el de fortalecimiento de las fronteras ha sido beneficiado en el último año. México ha detenido a 92,889 migrantes centroamericanos, en contraste con los 70 mil 226 migrantes “no mexicanos” detenidos en los últimos 15 meses por las autoridades fronterizas de Washington, la idea ha sido pasar la presión migratoria a nuestro país, hecho que se confirmaría con la entrega de 10 millones de dólares, de los que relata el reportaje de Sonia Nazario en The New York Times la semana pasada.

Perdemos millones de un mecanismo que para muchos mermó nuestra soberanía, supeditó nuestro sistema de seguridad a Estados Unidos, y transfirió presiones a nuestras autoridades fronterizas en una dinámica de perder-perder. Mientras tanto, el dinero por tráfico de armas sigue fluyendo en los bancos estadunidenses contrario a lo que dicta el acuerdo bilateral, ¿por qué? porque el Ejecutivo no está haciendo su tarea en Derechos Humanos, ni en política exterior indicando a la Cancillería a negociar y entablar el dialogo necesario para que la Iniciativa Mérida se traduzca en seguridad. En resumen, el Ejecutivo no está haciendo bien las cosas, y la noticia para éste es que el mundo ahora lo sabe.