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¿Mensaje de la Corte? / De Justicia y otros Mitos / Sergio Arturo Valls Esponda

  • Sergio Valls Esponda

Hay, en la vida política y jurídica de una República, sutiles pero claros mensajes que, por estratégicos, merecen la pena ser leídos y analizados, así se corra el riesgo de crear una ficción.

No existe precedente en la historia del país en que la Suprema Corte de Justicia analice aspectos relacionados con la constitucionalidad de la designación de uno de sus integrantes. Recordemos que son propuestos por el Ejecutivo y nombrados por el Senado. Hasta hace pocos años, cuestionar una decisión presidencial avalada por el Senado era un suicidio político que dejaba al temerario sin la posibilidad de acceder a futuros cargos públicos. En algunos casos, la reprimenda significaba incluso el destierro académico. La sumisión de los otros poderes era proporcional al poder presidencial, absoluta.

A mediados del mes pasado, la Segunda Sala de la Corte decidió por unanimidad (el ministro Medina Mora, integrante de esa sala, se excusó por estar involucrado) ejercer su facultad de atracción para examinar un recurso de queja. Es poco frecuente el ejercicio de esa facultad discrecional que tienen los ministros. El promedio de los últimos cinco años es apenas de 414 asuntos, entre salas y pleno. La Constitución determina que solo se podrán atraer asuntos de “interés y trascendencia”. La propia Segunda Sala estableció que se dan esas circunstancias cuando el problema a dilucidar es excepcional por su relevancia, novedad o complejidad.

El pasado 10 de marzo, en virtud de una no programada vacante, el Senado eligió a Eduardo Medina Mora, ministro de la Corte. La nominación generó gran polémica. Por otra parte, un proceso judicial inició el mismo mes cuando se buscó impugnar la designación. El actor en el juicio de amparo o quejoso (nunca me ha convencido el término: después de que son violados derechos humanos te nombran algo que suena a chillón molestoso.) afirma que no resultan adecuados el perfil, la fama, la residencia, así como el proceso de selección del exembajador. Argumenta que la designación de ministros es una garantía judicial prevista en el artículo 17 constitucional, por lo que debe cumplir con los requisitos de imparcialidad, estabilidad, responsabilidad e independencia de sus decisiones.

El juez consideró que no son materia de amparo las decisiones del Senado, por lo que la solicitud fue desechada. Inconformes con la decisión, se interpuso un recurso ante el superior del juez, que es un Tribunal Colegiado. A petición de éste, la Segunda Sala atrajo el caso para revisar si procede o no el juicio de amparo en contra del proceso de designación. Por ahora, no van a discutir si fue constitucional el nombramiento, sino la posibilidad de impugnar el proceso. De ser afirmativo, el caso regresará al juzgado que negó admitir el proceso y deberá resolver si el nombramiento fue legal, lo cual genera nuevos problemas de interpretación constitucional.

Será el próximo año cuando se resuelva el fondo. En mi opinión existen causas para negar el amparo. Pero nadie me preguntará. Además del hecho de haber ejercido la facultad de atracción, que como he mencionado es un recurso excepcional, llama la atención que esto ocurra a unos días de que el Presidente envíe dos nuevas ternas. Se observa un velado, pero claro mensaje de la Corte en su faceta de Tribunal Constitucional: “Ni el Presidente de la República ni el Senado tienen la última palabra sobre la designación de ministros, especialmente cuando se hace en ausencia de argumentos sólidos y con el rechazo de actores sociales”. Mensaje delicado por el precedente que genera, toda designación del Senado ¿es revocable? El retorno a la función legislativa de quien se mencionaba como seguro aspirante a cubrir una de las vacantes es, en los hechos, el acuse de recibo.

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