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México avanza, transparencia para todos / Raúl Aarón Pozos lanz

  • Raúl Aarón Pozos

Gobernar en sociedades democráticas es una cosa complicada. Requiere de mucho esfuerzo para apenas acercarse, de la mejor manera posible, a acuerdos colectivos que den paso al futuro, al progreso y al crecimiento. Implica encontrar un ethos, es decir, costumbres y conductas que representen de la mejor manera posible los intereses de todos, no solo de la mayoría. Hacer confluir los valores colectivos es la tarea de toda sociedad que se precie de ser democrática. Las verdades centralizadas, las hipótesis de los expertos y la lejanía de soluciones burocratizadas a problemas públicos ya no resultan útiles y por ello es necesario abrir la caja negra del Gobierno y exponer y deliberar sobre los objetivos y estrategias para el bienestar colectivo.

Un elemento esencial para la deliberación y para que el Gobierno sea no solo del pueblo, sino para el pueblo, es el acceso a la información sobre los asuntos de interés público. En la semana que termina, el Senado de la República discutió y aprobó una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Uno de los ejes centrales de la reforma es que se fortalece el derecho ciudadano de acceso a la información pública y fomenta la participación en la toma de decisiones públicas. Solo así un Gobierno puede ser del pueblo y para el pueblo. Se trata de una ley cuyo contenido permite la apropiación por parte de la ciudadanía de cuestiones que tienen que ver con el interés colectivo. Al abrir la puerta del Gobierno, de su funcionamiento, de sus decisiones, de sus procesos y de sus orientaciones de políticas, tanto particulares como generales, se le da a la ciudadanía la posibilidad de participar, no solo en las urnas, sino en las acciones cotidianas de Gobierno. Se trata de dejar atrás la caja negra por la transparente, donde se sabe el porqué y el cómo de las acciones gubernamentales.

La nueva Ley Federal de Transparencia crea una auténtica política de Gobierno abierto, en la que los Poderes de la Unión ponen a disposición de la ciudadanía la información del ejercicio de sus funciones, del gasto público y sus principales decisiones. Y como en el fondo se trata de saber en qué y cómo se utilizan los fondos de los contribuyentes, la ley ahora obliga a rendir cuentas a más sujetos, no solamente los gobiernos sino también legisladores, jueces, personas físicas y morales que reciban recursos públicos, así como directivos de fideicomisos y fondos públicos.

Si bien es cierto existía ya una ley en la materia, esta era insuficiente y en sus procedimientos era muy limitada. Las peticiones de información que los ciudadanos hacían llegar a ciertas entidades públicas eran atendidas no con la premura debida (en la nueva ley las solicitudes deberán solucionarse en un plazo no mayor a 15 días) y en muchos casos era suficiente señalar que no se contaba con esa información para que la entidad pública cumpliera con la ley. En los casos en que sí se contaba con la información, ésta se entregaba en forma poco comprensible para el peticionario o de plano se remitía al ciudadano a una página web en donde supuestamente estaba la información. Con la nueva ley se consolida un sistema de transparencia proactiva, es decir, por iniciativa propia los sujetos obligados tendrán que generar la información que consideren de trascendencia para los ciudadanos, pero además en formatos que faciliten su entendimiento, cumpliendo así el espíritu de máxima transparencia.

Dos aspectos también resaltan en la nueva ley. Por un lado, solo se podrá reservar información cuando esté en riesgo la seguridad nacional, las negociaciones internacionales, la política monetaria, cuando obstruya la persecución de delitos, cuando vulnere los expedientes judiciales o afecte la salud de las personas. Pero además, ninguna información puede ser reservada cuando esté relacionada con la violación de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. Con estos principios, la nueva ley refrenda una vez más el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de consolidar un Estado de Derecho y de derechos, se da un paso fundamental para consolidar los avances en materia de transparencia y hacer de México un país más democrático y abierto.
* Senador de la República por el Estado de Campeche.

Partido Revolucionario Institucional.