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México: de cara a la CIDH

  • Betty Zanolli

  • Betty Zanolli Fabila

Hoy, 5 de diciembre, tendrá lugar la 159 Audiencia Pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en esta ocasión teniendo como sede Panamá. En ella, representantes de más de 40 asociaciones civiles defensoras de derechos humanos y de comunidades indígenas mayas denunciarán ante el organismo y autoridades gubernamentales de México la gravedad de la situación de los derechos humanos que se enfrenta en el país a partir de cuatro rubros: personas afectadas por el desplazamiento interno, desaparición forzada, derechos laborales y pueblos indígenas en Yucatán.

¡Basta de invisibilizar el problema!, es el clamor que proclaman quienes acudirán a Panamá. Treinta y cinco países integran aún a la CIDH, pero de acuerdo con el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vergonzosa e indignantemente el 40 por ciento de las denuncias proviene de México y la cifra de violaciones va en aumento en estos y en muchísimos otros rubros más. Tan sólo en materia de desplazados internos las cifras rebasan el millón de víctimas provenientes de más de 16 Estados (encabezando la lista Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Veracruz) y si bien en un inicio, hacia los años 90, el origen eran cuestiones religiosas, hoy lo es la inseguridad y el combate al crimen organizado. En el doloroso tema de la desa-
parición forzada, México continúa en la total impunidad sin contar con una Ley en la materia a pesar de las cifras oficiales que arroja el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, según las cuales se reconocen hasta el 31 de octubre pasado: 28 mil 937 personas “no localizadas” del fuero común y 966 del federal. ¿Qué esperar de los desaparecidos de Ayotzinapa, a casi 27 meses de distancia? Ni qué decir de los derechos laborales, prácticamente masacrados por las últimas administraciones y “reformas” legislativas que han pulverizado los restos que quedaban de la seguridad social largamente conquistada en nuestra Nación y de la que hoy no queda nada más que el recuerdo, para oprobio y desvergüenza nuestros.

En el caso de la península yucateca, indígenas y activistas, denunciarán las diversas vías por las que el Estado mexicano impulsa modelos de desarrollo económico violentando todo tipo de derechos fundamentales, en especial de los pueblos originarios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, como el derecho al agua, a vivir en un medio ambiente sano, a la libre determinación de desarrollo socioeconómico, al respeto a los territorios sagrados ancestrales, al derecho a la información y a la salud, entre otros. Y es que de nada sirve que en noviembre de 2015 y marzo de 2016 se hayan logrado avances judiciales en el tema o que de manera ejemplar, el pasado 26 de octubre, el estado de Yucatán haya sido declarado “zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados”, si desde la Federación, en contravención con lo dispuesto por la Constitución Federal y por los tratados de los que es parte en la materia (como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), se continúa impulsando -como lo ha hecho desde 2005 junto a las principales transnacionales, Monsanto incluida-, el establecimiento de monocultivos (soya, maíz y palma africana) transgénicos en la península –al igual que en gran parte del territorio nacional- con todas las repercusiones biológicas que ello implica –no solo para el hombre sino para el medioambiente, como es el caso de la proliferación de cáncer, de contaminación de los acuíferos o de la extinción de especies nectapoliníferas-, siendo hasta ahora los municipios más afectados Hopelchén en Campeche y Mérida, Tekax y Teabo en Yucatán. Ello, además de promover todo tipo de megaproyectos turísticos y energéticos (parques eólicos y plantas fotovoltaicas), que se estima operarán en diversos municipios yucatecos para 2018.

Negro, aberrante panorama que, a pesar de ser expuesta en un foro internacional de la talla de la CIDH, lamentablemente no se modificará porque así el sistema, impávido, hierático, pero sobre todo ávido de poder y riqueza, lo quiere. De la misma manera como ha querido que estemos a unos días de cumplir 10 años de guerra fratricida sin que la realidad sea otra, muy distinta, de la que se advertía el 11 de diciembre de 2006. ¿Qué hacer? Por lo pronto denunciar, impugnar, exhibir, pero ¿hasta cuándo? El pueblo tiene la última palabra.

bettyzanolli@gmail.com @BettyZanolli