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Miedo y estado de barbarie / Blanca Alcalá

  • Blanca Alcalá

El muy lamentable y condenable caso de linchamiento ocurrido en el municipio de Ajalpan, Puebla, el pasado 19 de octubre, donde perdieron la vida dos hermanos que laboraban para una empresa encuestadora, pone al descubierto una cauda de problemas de orden social, relacionados con el miedo a la inseguridad, la limitada capacidad de reacción de las Fuerzas de Seguridad Pública y la falta de confianza en las instituciones de procuración de justicia.

Elías Canetti, premio Nobel de Literatura en el año de 1981, sostenía que “una forma de invertir el miedo humano era actuar a través u oculto en la masa”, en una masa humana donde todos son iguales, donde desaparecen los temores, se pierde el sentido de responsabilidad y se desdibujan las diferencias. Una masa cuya actuación deja de lado todo sentido de civilidad.

La sociedad poblana, como muchas otras, tiene miedo a la inseguridad y son capaces de acciones directas (golpear, quemar, exhibir o colgar) en contra de presuntos criminales. Todos acusan, pero nadie permite que la autoridad sea la que juzgue. Y aún peor, cuando la autoridad está presente, no permiten su actuación porque no goza de confianza ni credibilidad.

Si la Policía no goza de credibilidad es porque ha roto el consenso con la sociedad. Ha dejado de ser útil para garantizar la vida de las personas, la seguridad de sus familias y su patrimonio. Pero, más grave aún, esa fractura del orden público está en el límite de la barbarie. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el año que corre, se han contabilizado 11 ataques a civiles por turbas enfurecidas en Puebla.

¿A qué se debe esta situación?, ¿Al hartazgo?, ¿A la impunidad? Dice el presidente municipal de Ajalpan que la gente anda muy nerviosa en el pueblo porque se han robado niños, hechos que no han sido confirmados por nadie. El caso es que se incrementó el número de personas asesinadas por masas humanas informes e irresponsables y, en este último caso, el crimen de dos personas honorables e inocentes.

“Nadie puede hacerse justicia por su propia mano”, ni aun pensando en que se trata de un acto de justicia. Cualquier persona que en defensa propia haya lesionado de manera grave a otra o, incluso, la haya privado de su vida, debe demostrarlo fehacientemente ante tribunales, a fin de no perder su libertad. La vida es el valor más preciado de las personas y de la sociedad; es el origen de todo derecho y su conservación es el fundamento de la vida en comunidad. “Garantizarnos la vida es uno de los principios básicos de la existencia del Estado”.

Si la Policía no funciona o está asociada y/o forma parte del crimen, lo más probable es que las cosas se resuelvan por la vía de la violencia y la barbarie, dejando de lado los propósitos del orden legal. Los caciques de San Juan Chamula han sabido explotar esta condición para expulsar de sus comunidades a los indígenas que no profesan su religión. Congregan a la masa y, sin mediar juicio alguno, la masa los echa de la comunidad (queman sus casas y se apropian de sus bienes).

En los estados de barbarie de otras eras o de épocas contemporáneas, la vida no es más que un valor de cambio dentro del conjunto de bienes en posesión de unos y otros, generalmente en poder del más fuerte. El estado de civilización se alcanzó cuando los hombres aprendieron que sus vidas corrían menor peligro si vivían en sociedad, bajo reglas comunes a todos y delegando el ejercicio de la violencia en una fuerza especializada al servicio de los propósitos comunes.

Sin embargo, cuando el Estado deja de cumplir su papel ante las comunidades, el oportunismo, el crimen, la ambición o el miedo, toman el mando de la justicia y, con la ceguera de la masa humana informe, se realizan actos criminales de los que, al día siguiente, la comunidad ni siquiera desea enterarse.

Se ha dicho que se hará justicia. Se ha dicho que se llevarán a cuentas a los responsables. Se ha dicho que se actuará con toda la fuerza del Estado. Lo que se ha olvidado, ante un caso difícil, es decir y garantizar una actuación de la autoridad con pleno respeto a los derechos humanos. Ajalpan es una comunidad que, desde hace años, pide fortalecer la seguridad de la región. Que no hayan sido escuchados no es razón para que, parte de sus habitantes, puedan golpear y quemar a dos ciudadanos honorables por el hecho de identificarlos con sus más profundos temores.