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Mucha retórica y poca legitimidad

  • Eduardo Andrade

  • Dr. Eduardo Andrade Sánchez

La Constitución de la CDMX es un fenómeno paradójico. Surgió de arriba hacia abajo para satisfacer arreglos políticos cupulares ajenos a las verdaderas necesidades ciudadanas; la Asamblea Constituyente quedó entrampada entre un proyecto presentado al más rancio estilo presidencialista y una innecesaria camisa de fuerza temporal. Entre los Constituyentes predominaron mujeres y hombres de enorme experiencia y excepcional preparación, pero el resultado es un texto lleno de abstracciones, buenos deseos, repeticiones y retórica inútil.

Un ejemplo: “La Ciudad de México es un espacio abierto a las personas internamente desplazadas y a las personas extranjeras a quienes el Estado mexicano les ha reconocido su condición de refugiado u otorgado asilo político…”; ¿pues qué antes estaba cerrada?, ¿se abre solo para desplazados nacionales y refugiados extranjeros?, ¿quiénes tienen el estatus jurídico de “internamente desplazado”? La cobertura del artículo 11 constitucional federal hace innecesario el palabrerío del segundo precepto de la novedosa Constitución que proclama: “La Ciudad de México se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración nacional e internacional”, ¿y se “empobrece” con la partida de migrantes?, ¿a ¡qué rayos! se refiere el tal enriquecimiento?, ¿cuál es su sentido jurídico? Porque entiendo que los constituyentes sabían que estaban confeccionando un documento jurídico.

El constitucionalista Peter Häberle enseña que la legitimidad de una Constitución depende de dos condiciones: que el Poder Constituyente proceda de una elección popular y que su contenido sea sometido a la aceptación o rechazo del pueblo mediante un referéndum. Excepcionalmente, la primera de tales exigencias puede no cumplirse cabalmente por determinados motivos, como sucedió con la frustrada elaboración de una Constitución para la Unión Europea, la cual fue redactada por una comisión de notables, pero la condición indispensable para la validez de la Carta Magna es su aprobación popular referendaria, anuencia que no otorgaron los europeos y no hubo Constitución.

En el caso de la CdMx, no se cumplió ninguna de las dos condiciones. En cuanto a la elección de los constituyentes, ésta fue solo parcial, justificadamente por ser la capital sede de los poderes federales, sin embargo, no existe justificación para haber obviado la ratificación por vía del referéndum pues era un ejercicio obligatorio en un procedimiento anunciado como “progresista” y de avanzada. La aplicación de tal consulta ni siquiera es algo muy novedoso, basta recordar el célebre referéndum que validó la Constitución española de 1978. Pero cubrir ese requerimiento no mereció la atención de los constituyentes, no obstante su compromiso formal con la democracia y los derechos humanos. En la práctica le negaron a los capitalinos -agobiados por infinidad de problemas- que la Constitución no habrá de resolverles- el elemental derecho de manifestar su aprobación o rechazo a la nutrida pero vacua retórica de su flamante norma suprema.

Así, la constitucionalización de la capital mexicana presenta graves déficits democráticos: una elección de los constituyentes marcada por el desdén del electorado que acudió a votar en un porcentaje inferior al 30 por ciento, y como venganza, el correspondiente desprecio de aquellos hacia los ciudadanos, a quienes ya no se tomaron la republicana molestia de preguntarles si estaban satisfechos con la tarea efectuada por sus representantes.
eduardoandrade1948@gmail.com