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Nación Suprema Justicia de la Corte (I)

  • Eduardo Andrade

  • Dr. Eduardo Andrade Sánchez

El orden de las palabras en el nombre cuenta… y cuenta mucho como podrá apreciar quien considere que el título de esta colaboración no tiene sentido. Y hablando de orden, la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida la semana pasada respecto de los apellidos, determinó que el Artículo 58 del Código Civil de la Ciudad de México es inconstitucional porque obliga a los padres a poner en primer término el apellido paterno y en segundo lugar el materno. El fallo es prolijo en cuanto a las razones por las cuales se estima que este orden demerita a la mujer y contiene una exposición histórica y de derecho comparado sobre la necesidad de permitir a los padres que decidan el orden de los apellidos de los hijos. Si bien se podría coincidir en cuanto a ese derecho de los padres, las razones y efectos de la decisión resultan confusos y parecen invadir el territorio del Poder Legislativo.

La sentencia contiene notables inconsistencias. Por un lado, se sostiene que la imposición del nombre corresponde a la autonomía de la voluntad de los padres dentro del ámbito de la vida privada y familiar, la cual no puede ser invadida por el Estado, incluso se la compara con decisiones tomadas en el seno familiar como “decidir por ejemplo, qué hacer con su tiempo libre, a qué escuela llevar a los hijos, entre muchas otras actividades que se manifiestan en la cotidianidad de la vida familiar” y, por otro se dice: “…la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el nombre es un elemento básico e indispensable de la identidad de las personas, sin el cual no puede ser reconocida en la sociedad ni registrada ante el Estado”. Por lo tanto, no es una cuestión estrictamente interna de la familia como puede ser un apodo con el que cariñosamente llamamos al hijo o a la hija, dado que trasciende a la sociedad y a los actos del Estado.

Adicionalmente, el fallo incurre en el mismo defecto que atribuye al referido Artículo 58 que declaró inconstitucional, al imponer a los padres la obligación de mantener el mismo orden que originalmente hubieren decidido para los apellidos de sus hijos, a fin de hacerlo aplicable a todos ellos. Tal pretensión carece de sustento legislativo y constitucional. Si se admite que hay una plena libertad de los padres para la imposición del nombre a sus descendientes y si se quiere evitar un indebido predominio de uno de los géneros, habría que admitir la posibilidad de que los padres, para ser equitativos, decidan que el primero de sus hijos tenga los apellidos en un orden y el segundo lo invierta y así sucesivamente. La resolución dicta una prohibición aplicable a actos futuros e inciertos excediendo la previsión constitucional de que la sentencia debe limitarse a amparar y proteger al quejoso, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la
demanda.

¿Puede la misma sentencia que autoriza a los padres a alterar el orden que según la interpretación judicial está previsto en la norma, imponerles una obligación sobre el referido orden que deben tener los apellidos de otros hijos que aún no han nacido? El amparo contra un acto de autoridad que vulnera un derecho humano tiene por objeto dejarlo sin efecto cuando se produce tal vulneración, de manera que la autoridad responsable está obligada a hacer o dejar de hacer lo que le ordena el tribunal de amparo. Pero ¿puede surgir de la propia sentencia una obligación para los gobernados?; ¿no es este un nuevo acto de autoridad que viola el derecho que pretendía proteger?

eduardoandrade1948@gmail.com