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Nación Suprema Justicia de la Corte (II)

  • Eduardo Andrade

  • Dr. Eduardo Andrade Sánchez

La resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que venimos analizando parte de la muy discutible idea de que “los padres tienen el derecho de nombrar a sus hijos sin injerencias arbitrarias del Estado” (¿podrían ponerle MENTECATO si quisieran?) y que tal derecho comprende “establecer el orden de sus apellidos”, lo cual ignora la función que cumple el nombre como atributo de la personalidad que permite identificar a la persona haciéndola diferente de otras. Curiosamente, esto es aceptado en el texto mismo de la sentencia. Ello supone la certidumbre y permanencia del nombre, tan es así que modificarlo a voluntad u ocultarlo puede constituir un delito. La sentencia en cuestión admite que “el nombre y el apellido son esenciales a fin de establecer, formalmente, un vínculo entre los miembros de una familia”. Entonces ¿el cambio de orden no altera la esencia de ese vínculo? Como se constata, resulta difícil compatibilizar las afirmaciones contenidas en la sentencia.

El fallo incurre en otra contradicción al argumentar que los padres pueden decidir el nombre de sus hijos, sin someterse absolutamente a ninguna limitante pero —en términos de un conocido personaje televisivo— “como dice una cosa, dice la otra”, pues señala por otra parte, que la elección del nombre “puede ser sujeta de reglamentación estatal, siempre que no se vulnere el contenido esencial del derecho”. La resolución afirma que el Artículo 58 del Código Civil de la Ciudad de México al “establecer el orden de los apellidos pretendió dar mayor seguridad jurídica a las relaciones familiares. Ahora bien, lo anterior por sí solo podría ser un fin constitucionalmente válido”. Si esa es la pretensión reconocida del legislador, resulta cuesta arriba admitir que tal intervención estatal vulnera el contenido esencial del derecho de los padres, a nombrar a sus hijos como mejor les plazca, puesto que la propia sentencia sostiene que la esencia del nombre y el apellido es establecer, formalmente, un vínculo entre los miembros de una familia, de modo que la intención del legislador se compadece plenamente con la función que el Derecho asigna al nombre.

Ahora bien, si la resolución afirma que el propósito de la norma podría ser constitucionalmente válido ¿es admisible la conclusión jurídica de que la “prohibición” que establece el mencionado artículo “perpetúa un propósito que es inconstitucional”? Resulta que ese “propósito inconstitucional” es el que la Sala atribuye al legislador como una intención oculta para “privilegiar la posición del varón en la familia” y por ello considera inconstitucional un artículo cuyo texto en sí mismo no viola la Norma Suprema y al que se le reconoce, en principio, un objeto constitucionalmente válido. Sin embargo, se sostiene que “reitera un prejuicio discriminatorio para la mujer”. La pregunta obligada es: ¿no son los ministros quienes en lugar de juzgar, prejuzgan acerca de las segundas intenciones de una norma, cuyo propósito principal estiman “constitucionalmente válido”? Tal prejuicio aparece con nitidez si se considera que el Artículo 58 del Código Civil capitalino, declarado inconstitucional, no contiene prohibición alguna, ni determina ningún orden, simplemente menciona que deberán asentarse en el acta los apellidos paterno y materno. Esta circunstancia la hizo notar acertadamente el ministro Pardo Rebolledo, quien votó contra el proyecto y anunció un voto particular que valdrá la pena leer.
eduardoandrade1948@gmail.com