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No depreciemos a la Corte

  • Eduardo Andrade

  • Dr. Eduardo Andrade Sánchez

Leyó usted bien; el verbo empleado en el título es depreciar que significa “disminuir o rebajar el valor o precio de algo” porque eso pretenden algunas voces surgidas a raíz de la indignación provocada por el gasolinazo, al demandar que se reduzcan los emolumentos de los ministros de la Corte, como si eso fuese a modificar el impacto económico del incremento.

Quienes critican tales ingresos y los de otros funcionarios yerran en el objeto de su justificada ira. Los ministros no son los autores de las medidas que imponen más cargas a los gobernados y lanzar una embestida contra sus percepciones desvía la atención del verdadero problema que es el aumento injusto de los combustibles, cuyo precio no disminuirá porque los ministros ganen menos. La idea de que no importa que una decisión fastidie a la sociedad si los funcionarios también se fastidian, es emocionalmente entendible pero no mejora la vida colectiva, e incluso la perjudica.

Requerimos instituciones buenas, no baratas; servidores públicos aptos, no mal pagados. Debe buscarse que sus medidas nos beneficien, no aceptar las que nos dañan siempre y cuando se rebajen el sueldo. En el caso de los ministros esto es más importante. Son los mejores abogados y abogadas de la nación. Cuentan con el máximo prestigio y reconocimiento de su profesión pues tienen a su cargo resolver las más complejas e importantes controversias. Sus conocimientos, experiencia, talento y hasta las relaciones hechas a lo largo de su vida, podrían significarles un ingreso muy superior en el sector privado. Su pago lo desquitan con un delicado trabajo efectuado a la luz pública cotidianamente sin que exista la menor sombra de sospecha sobre su calidad profesional o su honestidad. Si se redujera su ingreso a la mitad, el impacto en el presupuesto equivaldría a ahorrarse menos de un centavo en un pago de mil pesos. Además, los artículos 94 y 116 de la Constitución prohíben expresamente reducir el ingreso de quienes ejercen la función jurisdiccional para evitar presiones o represalias que afecten su independencia. Dicha prohibición impide que se les aplique la regla de que no pueden ganar más que el Presidente.

Los argumentos expuestos son válidos, con sus lógicas adecuaciones, para otras funciones públicas. Quienes servimos a las instituciones tenemos no solo el derecho sino el deber de expresarlos y defenderlos en cuanto tienen sustento legal, justificación moral y utilidad social, como atinadamente lo hizo el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazando admitir como vergonzante lo que es lícito y no producto de corruptela alguna.

Es cierto que mantener ingresos adecuados a los funcionarios no es garantía absoluta de su capacidad, honestidad y buen desempeño, y que la supuesta o real insuficiencia de aquellos no es pretexto para corromperse; pero un buen ingreso sí constituye un factor que coadyuva a mejorar la calidad del servicio y en todo caso es dicha calidad la que debe demandarse con firmeza antes que acudir al expediente de bajarles el sueldo. Los emolumentos atractivos ayudan a reclutar personal de mejor preparación, y las perspectivas de contar con buenas prestaciones durante su carrera son indudablemente un freno a la tentación de desviar su conducta, pues una ganancia indebida en lo inmediato pone en riesgo todo su futuro. Estoy bien consciente de que por muy válidas que sean las razones esgrimidas, la emotividad popular no quiere ni oírlas, pero no por eso hay que renunciar a exponerlas.
eduardoandrade1948@gmail.com