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No protesten, legislen

  • Eduardo Andrade

  • Dr. Eduardo Andrade Sánchez

Quisiera expresar buenos deseos por el año nuevo, pero me resulta imposible ante los malos augurios que trae el 2017. En pocos días Trump será presidente y aunque parezca mentira, el pueblo mexicano está más asustado por las acciones de su propio Gobierno que por los males que vengan de Washington. Siento gran tristeza no solo porque observo una creciente irritación en la gente, sino además porque ésta va dirigida contra un Gobierno surgido de una corriente ideológica e histórica con la que me he identificado desde mi infancia en la zona del sur de Veracruz, en el seno de una familia de trabajadores petroleros y donde me eduqué en una escuela pública de las denominadas “Artículo 123”. No me impulsa la nostalgia, sólo constato objetivamente la degradación de la vida nacional a lo largo de las últimas décadas: la desigualdad se ha incrementado, el crecimiento económico es insuficiente, la inseguridad ha aumentado y el descontento de la sociedad está llegando a niveles peligrosos.

Me aflige ver que un gobierno surgido de la estirpe revolucionaria es repudiado por el pueblo. Difiero de la idea de que no se gobierna para ganar popularidad pues el gobernante debe procurar que sus medidas beneficien a la mayoría del pueblo. La aprobación mayoritaria es un ingrediente de la democracia y un factor de la estabilidad.  La reprobación generalizada revela incumplimiento del artículo 39 constitucional, según el cual todo poder público se instituye en beneficio del pueblo. Una política que no satisface las aspiraciones populares, que eleva el costo de la vida, nos hace más dependientes y contradice los ofrecimientos hechos a la gente, es definitivamente una mala política; y lo malo también cuenta… y cuenta más que lo bueno.

El “hipergasolinazo” es malo. Dicen sus defensores que el precio del combustible no es un asunto político. Si algo es “político” es el nivel de precios. Ya Aristóteles enseñaba que la satisfacción de las necesidades económicas es la clave de la estabilidad política. La “liberalización” de la gasolina es una decisión política pues viene del poder público. Las decisiones políticas que abandonaron la edificación de refinerías constituyeron una negligencia casi criminal en contra de los intereses patrios. Un país productor de petróleo no debería importar gasolina. Todo eso podría revertirse con decisiones políticas, pero el colmo de la aberración es la actitud de diputados que promueven movilizaciones ciudadanas y protestan por el incremento de los combustibles cuando fueron ellos lo que aprobaron la fórmula que aplica el Gobierno para elevar su costo.

Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, quien votó a favor de las disposiciones legales de las que surge el aumento, ahora pide una “revolución pacífica” para impedirlo y culpa al Gobierno federal. Desde el panismo se emiten declaraciones de inconformidad, cuando todos los partidos, excepto Morena, aprobaron los incrementos.

Si de verdad quisieran ejercitar su poder y no sólo propiciar la agitación, pueden modificar el artículo 12 transitorio de la Ley de Ingresos que es la base de la fórmula aplicada por Hacienda. Bastaría cambiar dicho artículo o reducir el IEPS aplicable o transformar las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía, con el sólido sustento del artículo 28 constitucional que dice: “Las leyes fijarán las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular”.

eduardoandrade1948@gmail.com