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Ojo al “paquete de impunidad” en Coahuila

  • Juan Antonio García Villa

Para como están las cosas, de problemas y conflictos por todos lados, resulta increíble que los priístas no comprendan lo que sucede en el país. Asombra su enorme capacidad de disimulo. No se entiende cómo pueden ostentarse como militantes de un nuevo PRI. Si acaso éste lo es, la novedad consiste en que ahora es peor de lo que ese partido era antes del 2000. De otra manera, no cabe más explicación que la burla, al suponer los priístas que todo el mundo es ingenuo.

Para nadie fue un secreto que los resultados de las elecciones locales del pasado 5 de junio enviaron un claro mensaje de hartazgo ciudadano y contundente rechazo al priísmo. En especial más que mensaje, advertencia a los gobernadores –ahora próximos a dejar el cargo- que han tenido claro perfil de arbitrarios y ladrones.

Como si hubieran sido cortados por la misma tijera, que de hecho lo fueron al tener la misma escuela y sentir la protección de los mismos padrinos, en particular encuadran en tal categoría los aún gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, cuando menos, pues falta ver qué estarán tramando los de Tamaulipas y Durango, que al parecer tampoco cantan mal las rancheras. Por lo pronto, los tres primeramente mencionados han mostrado con toda claridad las orejas de sus pillerías, torpeza y desvergüenza.

Conforme a su elemental forma de ver las cosas, se haya o no puesto de acuerdo ese trío de aún gobernadores, curiosamente han coincidido en la estrategia, burda como corresponde a su nivel, para tratar de “blindarse”. Es decir, evitar que se investiguen sus trapacerías y se les sancione, previo debido proceso legal, como corresponde en todo Estado de Derecho. ¿De veras creen que México no ha cambiado?

La estrategia, casualmente coincidente como ya se dijo, que han ideado para evitar que sobre ellos caiga el peso de la justicia, se les sancione como merecen y retornen al erario lo que a éste corresponde, ha consistido en el diseño de un “paquete de impunidad”. Así se le ha llamado y su solo nombre lo dice todo.

Nombran órganos de investigación y fiscales anticorrupción a modo, verdaderos cómplices; integran comisiones de acceso a la información con incondicionales y ordenan se reformen en lo pertinente los instrumentos jurídicos que consideran necesario modificar para alcanzar impunidad, a lo que naturalmente se prestan legislaturas sometidas a sus dictados, aún integradas mayoritariamente por diputados priístas y de sus partidos aliados.

El reto ciudadano, en esos Estados, pero en realidad de todo el país si se quiere que las cosas verdaderamente cambien en México y no solo en apariencia, consiste en evitar que tales maniobras prosperen. Y tal desafío no es menor.

Hacer frente a esos retos servirá de interesante ensayo para el caso mayor de cuantos pudiera haber, que muy pronto, en escasamente un año, se habrá de presentar. Será el de Coahuila. Lo que haya sucedido en Chihuahua, Veracruz o Quintana Roo palidece frente a los excesos de escándalo en opacidad, corrupción de campeonato e impunidad que han sucedido al menos durante los últimos once años en el Estado de Madero. Ya se verá.