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Orden en la confusión

  • Eduardo Andrade

Cerca del final de la actual gestión rectoral en la UNAM, la Oficina del Abogado General a cargo del excelente jurista César Astudillo, quien por cierto acaba de presentar su libro “El bloque y el parámetro de constitucionalidad en México”, prepara una nueva recopilación de una suerte de memorias colectivas elaboradas por quienes tenemos el enorme privilegió de haber servido a nuestra máxima casa de estudios en el honroso cargo de abogado general. Eso me motiva a compartir con mis lectores una reflexión que le hacía a mi colega Eduardo Castellanos durante la entrevista que servirá de base para dicha memoria, acerca de la necesidad de que las áreas jurídicas de la Universidad de México jueguen un papel más activo en el propósito de preservar la seguridad jurídica como derecho humano y como pilar de nuestro Estado de Derecho.

Como en tantas otras áreas, la UNAM está llamada a ser el faro orientador que contrarreste la confusión jurídica que se está generando en el país. Los cambios constitucionales han introducido algunos elementos de confusión a la luz de la nueva redacción del Artículo primero y de una extensión que puede empezar a ser ilimitada de la concepción de los derechos humanos. De ahí que se requiera alguna guía tendiente a evitar que el campo jurídico quede invadido por una interpretación múltiple, difusa y hasta contradictoria del tema de los derechos humanos.

Hay algunos ejemplos que ya son delicados en el área electoral, recientemente la Sala Superior del Tribunal resolvió que la igualdad de género no solo tenía que cumplirse en las candidaturas como lo dice la Constitución, sino inclusive en la conformación del órgano legislativo. En Coahuila se sustituyó a un hombre que estaba en el primer lugar de una lista plurinominal y que legalmente tenía el derecho de entrar, por una mujer. Por supuesto que estoy a favor de la igualdad entre los géneros pero no a costa de la seguridad jurídica. Si queremos que todos los Congresos sean mitad y mitad, entonces tiene que haber una reforma constitucional que lo diga, no una resolución jurisdiccional. El propósito del Constituyente no era igualar los géneros en el órgano legislativo, sino las candidaturas, pero por vía de interpretación estamos poniendo en riesgo la seguridad jurídica. Si el propósito real es asegurar la igualdad absoluta, habría que destinar 150 distritos para candidaturas exclusivas de un género y los otros 150 para el otro.

Hay que salvaguardar también el valor de la ley, establecer un nuevo equilibrio entre el Legislativo y el Judicial. No todo es seguir a Luigi Ferrajoli. Ha sido, sí, un innovador teórico pero también ha ejercido una influencia por lo menos discutible. No se trata, por supuesto de que el juez sea una máquina automática de aplicación de la ley, debe de tener un margen, pero no parece adecuado extender ese margen hasta una incontrolable interpretación de principios constitucionales totalmente abstractos. Nadie puede estar en contra del respeto a los derechos humanos, pero hay que resolver un buen número de antinomías que derivan de una proliferación de criterios no siempre claros y compatibles, en principios como el “libre desarrollo de la personalidad” o “el interés superior del menor”, que lo mismo sirven para un barrido que para un regado. Urge un análisis profundo que puede ser encabezado por la Universidad, con académicos cuyas ideas permitan ampliar derechos en un marco de plena seguridad jurídica. Se trata de perfeccionar el Derecho, no de desnaturalizarlo.
eandrade@oem.com.mx