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Otra papa caliente para la Corte

  • Eduardo Andrade

Dr. Eduardo Andrade Sánchez

No bien termina nuestro Máximo Tribunal de resolver la pretensión del Congreso mexiquense de trasladarle sus tareas legislativas, cuando le cae un chubasco de impugnaciones al engendro cuasijurídico llamado Constitución de la Ciudad de México, la cual sirve de muy poco a los ciudadanos quienes la desdeñaron, pues apenas si acudieron a elegir a los constituyentes, pero en cambio está resultando utilísima para que el Jefe de Gobierno y su equipo la conviertan en eficaz bandera política en la que se envuelven para enfrentar al Gobierno federal con una hostilidad que muchos previmos hace tiempo, y hacer precampaña a la presidencia.

Ellos hacen bien, es parte del juego político propio de estos tiempos, pero los impugnantes: Consejería Jurídica del Ejecutivo, PGR, CNDH, partidos y Tribunal Superior de la capital también hicieron bien en plantear las irregularidades jurídicas que presenta la flamante constitución. Lástima que la Asamblea Constituyente haya dejado pasar atentados a la Constitución federal, con la consecuencia de que otra vez tenga que ser la Suprema Corte la que deba poner los puntos sobre las íes para componer los entuertos atribuibles a otros, con la agravante de que parezca convertirse en un participante más en la contienda política entre el Gobierno citadino y los poderes federales.

Algunos afirman que el Gobierno federal debía aceptar el resultado sin chistar porque tuvo “representantes” en el proceso de elaboración del documento ahora cuestionado. Ese argumento parte de una falsedad: el que la Presidencia y las Cámaras hayan hecho designaciones de constituyentes no significaba que fueran delegados o personeros de quien los nombró, como los Ministros no lo son de los órganos que los designan; de manera que la tarea de los constituyentes fue autónoma y no vincula ni al Presidente ni a las cámaras. Además hay que decir que brillantes miembros de esa Asamblea, provenientes de esos órganos y de la elección directa, hicieron observaciones acerca de la invasión de facultades correspondientes a otra autoridades, que no fueron atendidas por la mayoría y ahora deben ser jurídicamente combatidas por los afectados.

En ese sentido está actuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, frente a un modelo de organización judicial que se aparta de principios constitucionales básicos. Genera especial aprensión el órgano denominado Consejo Judicial Ciudadano, a cuyo cargo estará la designación de los miembros del Consejo de la Judicatura que ejercerá un poder absoluto sobre la organización y disciplina del Poder Judicial, incluido el Tribunal Superior, (lo cual también es discutible) cuyos integrantes serán nombrados por dicho Consejo de la Judicatura.

El Consejo Judicial Ciudadano está catalogado como un “órgano” que necesariamente desempeña una función estatal desde el momento que designa a integrantes de un cuerpo que ejerce un poder en una entidad. En consecuencia, los que forman parte del Consejo Judicial son funcionarios públicos, sus cargos no pueden ser honorarios como dice la constitución local, pues la federal señala que todo servidor público debe recibir una remuneración irrenunciable.

El mencionado Consejo no es un cuerpo consultivo, pues se le da la facultad de nombramientos de miembros del poder público, en consecuencia deben quedar sujetos a responsabilidades como cualquier otro servidor público. Este importante aspecto debe ser abordado por la Corte y solo es uno de los espinosos asuntos que deberá resolver.
eduardoandrade1948@gmail.com