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Otro Brete para la Suprema Corte (I)

  • Eduardo Andrade

  • Dr. Eduardo Andrade Sánchez

La extensión del periodo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF acordada por el Congreso mediante un procedimiento constitucional y políticamente discutible, puede poner a nuestro Máximo Tribunal en un nuevo brete en caso de que se le impugne mediante la acción de inconstitucionalidad prevista para ejercerse contra leyes electorales; pero ¿es una ley electoral el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del citado poder que se modificó para ampliar dichos periodos?  Dado que la Corte podría tardar en resolver acerca de la naturaleza de la norma, los impugnadores podrían intentar simultáneamente pedir amparo contra la modificación legal y, en caso de que el juez de Distrito lo considerara improcedente por ser materia electoral, llevar el asunto a revisión buscando su atracción por la Corte, para que ésta tuviese que definir si se trata o no de una ley electoral. Si lo es, la Corte tendría que pronunciarse sobre su constitucionalidad; si no lo es, entonces el amparo debería estimarse procedente.

Cualquiera que fuese la determinación procesal, la reforma es cuestionable. La disposición original señalaba que dos de los magistrados designados por el Senado fungirían durante tres años, otros dos durante seis, y tres durarían nueve años. Con esa base legal el Senado hizo las designaciones de los magistrados por los tiempos anteriormente señalados y los nombrados rindieron protesta. Unos días después ambas Cámaras aprobaron reformar el transitorio para cambiar los tiempos para los que se hizo la designación original, de manera que los nombrados para tres años tuvieran un periodo de siete y los designados para seis años subieran a ocho.

Es muy dudosa la validez de una reforma realizada a un artículo transitorio cuya vigencia debería considerarse fenecida. Las disposiciones transitorias por su naturaleza están diseñadas para alcanzar un propósito concreto y regir por una temporalidad específica; cumplido el propósito o  agotada su temporalidad, la norma deja de existir porque su misión ha sido consumada, por eso es “transitoria” y no permanente. Así, el transitorio que dio lugar a la primera designación, al efectuarse ésta, debió quedar excluido del orden jurídico, pues sus hipótesis, tendientes a hacer operativo el escalonamiento previsto en la Constitución, quedaron realizadas. La consecuencia obvia es que un precepto desaparecido no puede ser reformado.

Si la modificación se hubiera realizado en la Constitución, o aun en la ley pero antes de los nombramientos, podría considerarse válida, no así al haberla efectuado ex post, pues ello afecta el escalonamiento previsto en la Constitución para ser desarrollado por la ley, la cual lo estableció válidamente mediante la primera designación. Esto plantea otro aspecto debatible: ¿se cumple el objetivo constitucional del “escalonamiento” cuando toda la Sala se renovará en el lapso de dos años?, ¿tiene en realidad el legislador tan amplio margen para acercar las renovaciones entre sí? Debe tenerse en cuenta que el escalonamiento aplicado en la Corte previó periodos de por lo menos 3 años.

También preocupa el carácter privativo de la reforma hecha en función de personas concretas, de modo que la misma no reguló en forma general una disposición constitucional sino que modificó nombramientos concretos, con lo que surge otra posible transgresión a la Norma Suprema al hacer participar a la Cámara de Diputados en designaciones que aquella reserva al Senado de manera exclusiva.
eduardoandrade1948@gmail.com