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Palmarito o la crisis de la seguridad pública

  • Angelica de la Peña Gomez

Palmarito, una comunidad poblana, se ha convertido en el nuevo escenario para la encrucijada de la que no se ha podido o querido salir desde hace más de una década: seguridad pública desde el precepto constitucional o seguridad interior como modelo importado de EU.

Ante la incapacidad u omisión de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para detener el robo de combustible de los ductos de Pemex, aunado a la falta de policías capacitadas y confiables, se recurre a la fuerza militar como respuesta del Estado y efectivos del Ejército son enviados a enfrentar a los huachicoleros.

Esta acción resultó en un desastre desde todas las perspectivas: fueron emboscados; un delincuente detenido, pero no desarmado ni inmovilizado, asesina por la espalda a un soldado; registraron cuatro bajas mortales y quizá lo peor, cargan con el descrédito de una posible ejecución extrajudicial de un criminal.

Desafortunadamente Palmarito no ha guiado a la reflexión no coyuntural para atender las causas estructurales de la grave crisis de la seguridad pública, corrupción, impunidad ancestral y, por desgracia, violaciones a los derechos humanos; por el contrario, este terrible hecho que le ha dado vuelta al mundo, es usado para presionar hacia la aprobación de la tan cuestionada Ley de Seguridad Interior.

El PRI argumenta que se requiere dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico que dé certeza a su actuación, un eufemismo para legalizar lo que hoy no lo es y el desacierto de tener militares en las calles.

En un diferendo absurdo y carente de respeto institucional, el presidente del Senado, Pablo Escudero, ha advertido que si los diputados no aprueban una legislación en materia de seguridad interior, lo hará la Cámara Alta. Lo que el país requiere es que el Congreso legisle, entre otros ordenamientos, la Ley General de Seguridad Pública.

Hay que decir las cosas como son, la Ley de Seguridad Interior es militarizar la seguridad pública y establecer estados de excepción donde autoridades locales desidiosas ceden sus funciones a militares en vez de dedicarse a formar policías profesionales.

El Gobierno federal no puede cometer un error de tal magnitud, la viabilidad de México como un Estado de derechos está en juego.

Frente al crecimiento de la delincuencia organizada en la mayor parte del país y la urgente reconstrucción del tejido social, no hay otra ruta que cumplir con el texto constitucional.

Dos condiciones indispensables para quienes aspiren a contender en el 2018 serán: la estricta observancia del artículo primero constitucional y el diseño de una efectiva estrategia de seguridad pública, basada en la dignificación de las policías con mando civil y el regreso de las Fuerzas Armadas a las tareas para las que han sido adiestradas.

Lo acontecido en Palmarito refrenda lo que hemos dicho hasta el cansancio: seguridad pública eficiente y confiable y que el Gobierno federal y su partido atiendan la exigencia de justicia, seguridad, paz y tranquilidad.

En próximos días, desde el Senado, habremos de anunciar la discusión formal del retiro de las fuerzas armadas hacia sus cuarteles y del proyecto nacional de seguridad pública que contemple seguridad pública y humana y el uso legítimo de la fuerza pública desde la observancia constitucional.

Por lo pronto, frente al desastre del triángulo rojo en Puebla, debido proceso legal.
Senadora por el PRD. Presidenta

de la comisión de Derechos Humanos

@angelicadelap