imagotipo

Periscopena I / Dr. Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

Las nuevas tecnologías y formas de comunicación nos obligan a replantearnos aspectos jurídicos que han respondido a condiciones diferentes como lo afirma la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, cuyo debate con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en  distintos foros televisivos ya parece una versión vernácula de los enfrentamientos entre los precandidatos a la Presidencia estadunidense. La cuestión planteada es si la práctica adoptada por las autoridades delegacionales de evidenciar a los infractores de reglamentos en tiempo real a través de Periscope es o no violatoria de derechos humanos. La delegada argumenta que busca la transparencia y que la fuerza disuasiva de esta exhibición ayuda a disminuir las infracciones. La defensora de los derechos humanos hace notar que la autoridad no tiene facultades para aplicar esos procedimientos que afectan derechos de los ciudadanos, quienes resultan difamados en vivo mediante la colocación de su imagen y su conducta en las redes sociales.

No me parece ajeno a las necesidades gubernativas el buscar mecanismos que eleven el nivel de cumplimiento de las normas, lo que parece no lograrse con las sanciones hasta ahora vigentes. Ello podría ayudar a mejorar la cultura jurídica en la sociedad y a hacer la convivencia más ordenada. Negarse de manera tajante a analizar estas novedosas formas de sanción basadas en el repudio social a los transgresores, sin acudir a penas pecuniarias o a privaciones de libertad, no coadyuva al propósito de lograr el pleno establecimiento del Estado de Derecho. Abrir un espacio de discusión al respecto puede ser útil, pero esa no es la única medida que debe promover la CDH de la capital, sino revisar si efectivamente los actos de la autoridad merecen una recomendación, que es su atribución primordial y si los funcionarios han incurrido en una responsabilidad que conlleve una sanción administrativa e incluso penal para ponerla en conocimiento de la autoridad competente. El papel de su presidenta no es el de andar discutiendo en mesas mediáticas sino ejercer sus funciones.

Por otra parte, la discusión pública sobre el tema no releva a la autoridad de abstenerse de una conducta que ella misma admite que requiere de ese análisis dado que no existe marco legal para la misma, en cambio la jefa delegacional en un tono autoritario y arrogante afirma que lo seguirá haciendo a través del mentado “city manager”, anglicismo injustificado que no encuadra en el organigrama de mandos de la Delegación. Adicionalmente, el debate al respecto no puede agotarse en el ámbito de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México porque plantea un conflicto de naturaleza constitucional, puesto que hay varios aspectos de esta peculiar forma de sancionar que violentan la Constitución.

En primer lugar, las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que tienen facultades expresas. Su acción sancionadora de  los gobernados debe contar con un fundamento legal el cual en este caso no existe. El derecho que pueda tener en el ámbito del desempeño de sus funciones para documentar la actividad de sus funcionarios mediante grabaciones, no abarca el de hacer públicas las mismas de modo directo en las redes sociales mientras se efectúa un acto persecutorio de un particular. Es claro que se trata no de documentar la acción de la autoridad sino de exhibir públicamente la conducta del infractor como forma de sanción, lo que implica una pena infamante constitucionalmente prohibida.
eandrade@gmail.com