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Periscopena II / Dr Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

El solo hecho de que se localice en YouTube bajo la etiqueta de “Lady basura” el video  que dio origen a la discusión sobre la validez de exhibir en Periscope a quien infrinja reglamentos en la delegación Miguel Hidalgo, es prueba palmaria del efecto infamante que ha tenido la acción de la autoridad. Cuando uno analiza ese video se percata de que difícilmente se sostiene el argumento de que “el funcionario solo pretendía documentar el acto sujeto a sanción”, en realidad el dispositivo de grabación es empleado no como una libreta de apuntes para dejar constancia del evento, sino como un revólver para intimidar al contraventor y obligarlo a realizar una acción rectificadora de su conducta. La propia afirmación del “city manager” de que está “cazando vecinos” es reveladora de su intención, la cual por cierto rebasa los límites de las exigencias constitucionales, pues la intimidada tenía razón al exigir que quien la acosaba se identificara como autoridad, lo cual no fue cumplido por el funcionario, quien no se encontraba dotado de funciones policiales o por lo menos no lo comprobó, y por lo tanto su intervención carecía de los requisitos de todo acto de molestia, esto es, realizarse en virtud de “mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”. En el video no se observa que se cumplieran tales requisitos; solo se escucha al funcionario diciendo en tono autoritario “no la voy a dejar ir” y ordenándole recoger la basura, lo cual no forma parte del procedimiento de sanción. Es curioso apreciar que con independencia de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir la ciudadana sorprendida en la disposición indebida de basura, la que parecía más necesitada del auxilio policíaco era ella frente a una actitud que incluso podría configurar el delito de “abuso de autoridad” que comete quien “en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o la insultare”. La acción de vejar, que se define como: maltratar, molestar, perseguir a alguien, perjudicarle o hacerle padecer, está perfectamente documentada en el video.

Si el acto de grabar e intimidar no parece sustentarse, más grave resulta el efecto infamante, la marca pública que se impone al infractor al exhibirlo en redes sociales, las penas infamantes están constitucionalmente prohibidas pero además en este caso se plantea una afectación adicional, pues el daño a la buena fama y al honor de la persona exhibida ya se consumó, de modo que sufrió la privación de los mismos y esa privación solo puede hacerse, según dispone el artículo 14 de la Constitución,  mediante juicio en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento, ante tribunales previamente establecidos y con base en leyes expedidas con anterioridad al hecho. Aquí no hubo más ley que la ocurrencia autoritaria, ni más tribunal que la opinión pública inducida al linchamiento fácil.

Se argumenta que este método puede ser más útil que otras sanciones, entonces hay que analizar profundamente sus implicaciones y eventualmente promover un cambio constitucional. Entre tanto, la autoridad no puede seguir experimentando sin base legal. Se dirá que hubo una infracción que debe ser sancionada y es cierto, pero no así.  Si justificamos que la transgresión de las normas justifica que la autoridad actúe sin facultades, aunque su acción sea efectiva, estamos haciendo volar por los aires la posibilidad de vivir en un auténtico Estado de Derecho.

eandrade@oem.com.mx