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Poder Nacional

  • Javier Oliva Posada

  • Javier Oliva Posada
  • Once años, cuatro meses y corriendo. Las Fuerzas Armadas al auxilio de la Nación

Londres. Es un lugar común, y por lo tanto sin el sustento adecuado, señalar que el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Armada de México, llevan “casi diez años” empeñados de forma intensa y extensa en la lucha contra el crimen organizado y en particular, contra las bandas de traficantes de drogas. Sin embargo, estos temas, tan cargados de prejuicios, dejan a un lado, décadas de lucha que son un antecedente fundamental para confirmar la inacción e insensibilidad de las áreas civiles, tanto de Gobierno, legislativas y de procuración de justicia.

Desde la década de los 50 del siglo pasado, ha habido personal militar, sobre todo del Ejército Mexicano, en labores de erradicación de plantíos de marihuana y amapola. Desde la Operación Canador en 1966, pasando por las muy importantes Fuerza de Tarea Cóndor (1977) y Marte (1987), la constante y creciente implicación de las Fuerzas Armadas en dichas actividades no ha ido acompañada, ni de lejos, por la correspondencia de leyes y presupuestos. Y a partir del siglo XXI, los militares, se han visto de forma insólita, exigidos en una multiplicidad de servicios sin apenas los apoyos necesarios.

El Operativo México Seguro, dado a conocer por la oficina de la Presidencia de la República, el 11 de junio de 2005, señala que su objetivo es: “Combatir al crimen organizado y garantizar la seguridad de las poblaciones que se han sido víctimas de hechos violentos, resultado de las disputas entre las bandas de delincuentes”. En el mismo boletín, se informa que las acciones estarán encabezadas y coordinadas por la Secretaría de Gobernación y participarán las Secretarías de Defensa Nacional, de Marina Armada de México,  Seguridad Pública, Hacienda y la Procuraduría General de la República. Si usted extrae el párrafo citado y lo incluye en cualquiera de los muchos comunicados del actual Gobierno, la pregunta ¿cuánto hemos avanzado? resulta imposible de contestar.

Lo sucedido hace casi 15 días en Culiacán, que costó la muerte de cinco soldados, más otros diez heridos, es la prueba fehaciente, de que los grupos de la élite gobernante en turno, no tienen, no han tenido y todo indica, que tampoco tendrán en lo que resta de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, otra idea que enviar a los soldados y marinos, es decir a las Fuerzas Armadas, a seguir haciendo frente –que no combatir, a los grupos delictivos, tal como lo hicieron de forma inopinada Vicente Fox y Felipe Calderón. Los militares, haciéndose cargo de otra larga lista de actividades inherentes, que van desde cuidar a los niños en las escuelas primarias a la entrada y la salida de clases, revisar las pertenencias de jóvenes que asisten a las aulas de bachillerato, instalar puestos de seguridad y control en ciudades y carreteras, entre muchas otras. Todo esto, sin el mínimo respaldo legal desde el Congreso de la Unión ni menos aun, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De allí, que si no hay un serio sacudimiento de parte de los Poderes de la Unión, para una toma de conciencia ante los graves acontecimientos observados en Culiacán el pasado 30 de septiembre, vamos a seguir en la ruta del deterioro institucional; la Nación y por tanto la sociedad, viven momentos cruciales, pues de agudizarse la situación nadie, salvo las delincuencia, saldrá ganando. ¿Qué más tiene que pasar o qué tan grave debe ser el acontecimiento, para que en serio y con determinación, se asuman las decisiones necesarias para proteger a la mejor institución vista y valorada por la sociedad, como son las Fuerzas Armadas?
javierolivaposada@gmail.com