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Poder Nacional

  • Javier Oliva Posada

  • Javier Oliva Posada
  • “¡Claro que hay desgaste!”

 

Londres. Esta frase, expresada por el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, a la salida de un evento académico el pasado miércoles 18, ha despertado una inusitada serie de reacciones. Me explico. ¿Acaso no sabemos de la intensidad de las actividades de los militares en apoyo y en muchos casos, total suplencia de la autoridad civil, en labores de seguridad pública? Por favor ¿alguien duda de la omisión, para decir lo menos, del Poder Legislativo en materia de generación de leyes eficientes y efectivas para hacerle frente al crimen organizado y común? ¿Quién sabe o ha leído alguna manifestación de un abierto y decidido compromiso del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para dar las garantías procesales necesarias a los 40 mil soldados y marinos implicados en labores de seguridad pública, en las que llevan 11 años y cuatro meses?

No se entiende entonces el porqué de la sorpresa por algo que todos sabemos, pero que muy poco se hace; persiste la improvisación en la constante adopción de estrategias, anuncios de operativos emergentes, e incluso el inexplicable e injustificable aviso de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, de un sensible recorte de 2,800 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2017 a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Esa es la forma de apoyar a la institución que más aporta para recobrar la paz y vigencia del Estado de Derecho en varias partes del país? Los soldados y marinos, aunque sea una obviedad, debe recordarse que también forman parte de familias, de círculos de amigos y vecinos. Que también necesitan vacaciones –aunque no sea fuera del país en aviones de lujo-, o bien, que requieren de espacios para atender asuntos personales. Ellos, por razones del servicio a la Patria, no pueden pedir permisos ni avisar que “hoy no puedo ir a la oficina” o que van a llegar tarde, pues tienen que llevar a un hijo al médico: “amaneció con fiebre”.

Después de tantos años, de numerosas experiencias nacionales e internacionales, resulta inexplicable e injustificable, que se haya avanzado tan poco. La única coincidencia, en las así llamadas estrategias del siglo XXI contra el crimen organizado de las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, ha sido enviar a las Fuerzas Armadas a la primera línea de contención y sometimiento contra las bandas de delincuentes. Ese mito de que son “el último reducto” del Estado, es más una figura retórica que una frase pensada y sostenida por un verdadero análisis. Las Policías locales, municipales y estatales, siguen en una situación calamitosa. Gobernadores entran y salen y no hay mejora sustancial, ni institucional, ni de procedimientos ni en la calidad de sus integrantes.

Para suplir a los que se calculan casi 400 mil policías en todo el país, se echa mano de unas Fuerzas Armadas, cuyo número es considerablemente menor a los requerimientos del país en cuanto a superficie terrestre, aérea y marítima, así como por las condiciones orográficas y de distribución demográfica. Son 230 mil de la Secretaría de la Defensa Nacional y 70 mil de la Secretaría de Marina Armada de México. Que además, por supuesto, deben cumplir con sus misiones establecidas en la Constitución respecto de la defensa, seguridad exterior e interior de la Nación. El Ejército Mexicano, solo dos sencillos ejemplos: es el responsable del 70 por ciento de los comedores de la Cruzada contra el hambre. Dos, es el principal productor forestal del país y por lo tanto, el encargado de reforestar el territorio nacional. Sin dejar de lado el fundamental Plan DN-III. Claro que hay desgaste. ¿Cómo evitarlo?
javierolivaposada@gmail.com