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Poder Nacional

  • Javier Oliva Posada

  • Javier Oliva Posada
  • Entre la seguridad interior y la seguridad pública

 

LONDRES. El 11 de junio de 2005, mediante un comunicado de la Presidencia de la República, se señalaba que el Operativo México Seguro, “busca combatir al crimen organizado y garantizar la seguridad de la poblaciones que han sido víctimas de hechos violentos, resultado de las disputas entre bandas de delincuentes”. En él participaban las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República en coordinación con los Estados afectados. Las primeras ciudades en ser escenario del Operativo, fueron Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas. También los municipios de Culiacán, Navolato y Mazatlán en Sinaloa. Y en Baja California, Tijuana y Mexicali. Se señala en el comunicado, que las acciones están dirigidas contra el tráfico de drogas, el tráfico al menudeo, robo de autos, el contrabando y otros ilícitos.

Poco después, siguiendo los pasos de Vicente Fox, Felipe Calderón, lanzó el denominado Operativo Conjunto Michoacán, el 11 de diciembre de 2006. De entonces a la fecha, tres Presidentes consecutivos –incluyendo al actual, han requerido de las Fuerzas Armadas en la primera línea de confrontación y sometimiento al crimen organizado, sin tener a penas, leyes, recursos, líneas de comunicación y diplomacia apropiadas. Es decir, han pasado 11 años y casi seis meses y la situación para el Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México, persiste en ser prácticamente la misma, que cuando iniciaron esta indispensable labor de apoyo a la recuperación de la seguridad pública.

También sin mayores avances, ha sido la actitud del Poder Legislativo y Judicial en la materia. Inmóviles han permanecido la gran mayoría de las autoridades locales, municipales y estatales, en cuanto a coordinación se refiere, mejor ni hablar. Cada semana, escuchamos o leemos de parte de funcionarios de la federación, exigir más compromiso para abatir al ambiente de inseguridad y violencia que se vive en varias partes de país. La pregunta es: ¿por qué no ha cambiado la situación? ¿Quiénes no están cumpliendo con su responsabilidad?

Se suele citar al Operativo de Michoacán, como el inicio de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico”. Sin embargo, con toda precisión, es evidente que la participación de las Fuerzas Armadas en esas labores, viene de décadas atrás. Y en eso siguen, mientras que ahora, en la Cámara de Diputados y de Senadores, sin asomo de prisa o preocupación, se señala que será en el siguiente periodo ordinario de sesiones e incluso después, cuando se discuta y probablemente se apruebe algún lineamiento jurídico que reglamente la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Y ese es un grave error que deja ver la precipitación e improvisación de parte de los legisladores. El enfoque debe estar dirigido a que la federación cuente con los recursos políticos, legales y presupuestales, para recurrir a los municipios y Estados a que cumplan con la obligación básica de proveer el servicio de seguridad pública. Con razón el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, primero en un artículo publicado el pasado lunes 4 en El Universal y ayer en unas declaraciones en el Excélsior, subraya que deben distinguirse con toda nitidez, las responsabilidades de cada institución y ámbito de Gobierno en cuanto a las labores de seguridad pública. Pues solo así, se pueden distinguir y complementar la seguridad interior y la seguridad pública.
javierolivaposada@gmail.com