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Poder Nacional

  • Javier Oliva Posada

  • Javier Oliva Posada
  • Sobre la Ley de Seguridad Interior

 

LONDRES. He señalado en anteriores entregas, que ese concepto, textual aparece en las atribuciones y responsabilidades de Presidente de la República, en los textos de las cuatro Constituciones que México ha tenido como país independiente y soberano. En 1824, 1836, 1857 y 1917, puede leerse que a su vez para garantizar la Seguridad Interior y Exterior,  el titular del Poder Ejecutivo contará y dispondrá en su calidad de comandante Supremo, de las Fuerzas Armadas para lograr esos fundamentales objetivos.

Ahora bien, para discutir y promulgar una ley, como es el caso, debe precisarse el contenido del concepto en cuestión, pues la ambigüedad en la definición genera desde luego, confusiones, responsabilidades diluidas o yuxtapuestas y sobre todo, esquemas de atención a los problemas, poco claros. En lo que corresponde a los términos derivados de las dimensiones de la Seguridad, en de Interior, tiene una estrecha relación con el de Seguridad Nacional y Seguridad Pública. No se tratan de purismos en el lenguaje o de retruécanos académicos.

Recordemos el fundamental principio expresado por Giovanni Sartori en su ya clásico libro “La Política. Lógica y método en las Ciencias Sociales” (Fondo de Cultura Económica, 1984): “Hablar con pulcritud es adiestrar el pensamiento”, sin duda, uno de los fundamentos para el quehacer político y de gobierno, cuando se trata de dirigir el trabajo colectivo para atender, anticipar u organizar una medida, programa o ley. Promulgar una Ley de Seguridad Interior, por lo tanto, implica (exige), siguiendo la propuesta sartoriana, definir o al menos contar con una sólida aproximación a lo que ese concepto alude.

Por otra parte, las condiciones en que se da la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior, sin duda tiene que considerar e incorporar, la crítica situación a la que han llegado Gobiernos y sociedad, en cuanto a las disfunciones en materia de Seguridad Pública. Esto es, que en cuanto a las atribuciones específicas de autoridades, éstas han dejado de cumplir con sus tareas en ese fundamental servicio, por lo que las condiciones de paz y vigencia del Estado de Derecho, se han visto profunda y continuamente alteradas. La afectación a la Seguridad Interior, al menos en lo que en nuestra dinámica nacional compete, comenzó por la disfunción en la Seguridad Pública.

Pero no solo eso. También contribuyeron de forma decidida a esa disfunción, la calamitosa situación de los Sistemas Penitenciarios estatales y en no pocas ocasiones, el federal (fugas de reos muy peligrosos) así como la muy cuestionable calidad moral de la aplicación de la ley y la administración de la justicia. Pero lo que fue definitivo para traernos a este punto de no retorno, es la ausencia casi por completo, de las Policías Municipales y Estatales en sus labores de prevención y persecución del delito. El problema de inicio es: la Ley de Seguridad Interior que ahora se discute, debe evitar, verse condicionada y dirigida por las disfunciones en Seguridad Pública. Justo por eso, son las corporaciones policiacas locales, las que deben contemplarse en el centro de la discusión. ¿Eso es un asunto de la Seguridad Interior? La respuesta es, no.

En cambio, si el propósito es proporcionarle a las Fuerzas Armadas de México, certeza jurídica en situaciones excepcionales de afectación –recurrente o permanente-, a la Seguridad Interior, entonces, el enfoque debe ser por completo, otro. Y éste debe tener como base, las misiones ya encomendadas en las respectivas Leyes Orgánicas de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México.

javierolivaposada@gmail.com