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Poder nacional

  • Javier Oliva Posada

Consideraciones sobre el caso Tlatlaya

Para que la justicia sea, debe cumplir tres aspectos fundamentales: credibilidad, eficacia e imparcialidad. Cualquiera de estos que falte de manera notable, provocará la generación de sospechas de que hay aplicación de la ley a modo, corrupción, impunidad, subordinación de instituciones y funcionarios a intereses ajenos a la motivación esencial de hacer que prevalezca el Estado de Derecho. Lamentablemente, esas son algunas de las características del sistema jurídico de nuestro país.

¿Por qué la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregó más de 22 millones de pesos como indemnización, a 37 familiares de cinco de las personas que cayeron enfrentándose, con armas prohibidas y de grueso calibre, a integrantes del Ejército Mexicano, la madrugada del 20 de junio en la población de Tlatlaya, Estado de México? Más aún si conforme a la información publicada, la entrega se hizo entre mayo y diciembre de 2015, es decir, sin que hubiera concluido ni mucho menos, el juicio a los implicados. ¿Cuál era o es la prisa, para darle por ejemplo, cinco millones 655 mil pesos a siete familiares de uno de los calificados como delincuentes y que en los peritajes dieron positivo en la prueba de uso de armas de fuego? El mensaje que se envía, no contribuye en lo absoluto a restaurar la confianza en el sistema de impartición de justicia.

Una de las tres sobrevivientes, que fue rescatada por elementos del Ejército Mexicano, pues al principio argumentaron que se encontraban allí secuestradas, ha cambiado hasta tres veces su declaración. Sin que haya señalamientos u observaciones legales de lo grave que es cambiar las declaraciones ante el Ministerio Público, sí los hay, en cambio, cuando se liberan por falta de pruebas, a los últimos tres soldados que se encontraban sujetos a proceso por distintas acusaciones derivadas del enfrentamiento. Es muy importante, que mientras no se agoten los recursos que las leyes e instituciones tienen, evitar inclinarse o abonar un planteamiento determinado. Si son absueltos, es porque así se demostró. No hay más.

Las Fuerzas Armadas, a través de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, han aceptado todas y cada una de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto cuando se ha concluido que en efecto, hubo acciones indebidas del personal militar a su cargo. Allí están el más reciente informe anual de la misma CNDH, en donde se reconoce el importante esfuerzo para disminuir las quejas y por tanto, las recomendaciones.

Desde luego que todos los ciudadanos, incluyendo a los delincuentes, tenemos derechos y obligaciones (que las cumplamos es otra cosa); sobre esta crucial condición, recurramos al Artículo 34 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en donde se precisan dos requisitos para ser calificado ciudadano mexicano: I. haber cumplido 18 años, y II. Tener un modo honesto de vivir. El problema se disipa, no queda duda: si solo los que llevamos un modo honesto de vivir, merecemos ser considerados por las leyes e instituciones como ciudadanos: ¿Qué pasa cuando no se lleva un modo honesto de vivir y se es un criminal? Un soldado, un marino, un juez, una ama de casa, estudiante, profesora, entre una infinidad de cargos, oficios, profesiones y actividades, tienen la evidente característica de “modo honesto de vivir”. De allí la enorme duda respecto del trato preferencial que en varias ocasiones se les confiere a quienes de las más crueles maneras, agreden a la sociedad y sus estilos de vida. Tal y como pueden constatar las encuestas y reportajes a los habitantes de Tlatlaya y la presencia de la banda de criminales que enfrentó al Ejército Mexicano con los resultados conocidos.

javierolivaposada@gmail.com