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Poder Nacional

  • Javier Oliva Posada

  • Militarizar
  • Javier Oliva Posada

Ha sido un lugar común en los últimos meses leer o escuchar por distintas voces la preocupación, e incluso alarma, sobre la posibilidad de que la hipotética Ley de Seguridad Interior, llegara al punto de militarizar la seguridad pública. Conviene hacer algunas precisiones tanto sobre los conceptos como su contenido y aplicación. Esto puede contribuir, sobre todo, a erradicar confusiones derivadas en ocasiones, de prejuicios o planteamientos hechos a la ligera.

La militarización en su sentido básico y principal se refiere a la imposición de prácticas propias de las Fuerzas Armadas, al conjunto de la población en sus actividades cotidianas. De tal forma, que la adopción de ciertas reglas por ejemplo, en las fábricas en tiempos de guerra o la movilización de la población masculina, para cualquier tipo de actividad encaminada a la defensa física de la Nación, aluden y se realizan mediante prácticas militares. Las autoridades pueden ser o no sustituidas por integrantes de las Fuerzas Armadas, aunque en general, sí sucede, pues la situación de grave peligro ante un agresor, requiere del empleo de todos los recursos disponibles para proyectar el Poder Nacional. Esto, por una parte.

Por la otra, los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina Armada de México, almirante Francisco Vidal Soberón Sánz, han expresado en distintos momentos que está muy lejos de sus preo-cupaciones contar con una Ley de Seguridad Interior que le faculte a los integrantes de las Fuerzas Armadas, sustituir de una vez por todas, a las autoridades civiles en labores de seguridad pública. Sobre todo, si nos atenemos a los pronunciamientos contenidos en el discurso del general Cienfuegos, el pasado 19 de febrero –como ya se comentó aquí, respecto de que el “último recurso para la recuperación de la seguridad pública, deben ser las Fuerzas Armadas”.

Resulta al menos inexplicable, que se insista, incluso desde organismos multilaterales como las Naciones Unidas, respecto de los riesgos de una militarización de la seguridad pública en nuestro país. La todavía no dictaminada Ley de Seguridad Interior, si se leen las cinco iniciativas en discusión (tres de partidos políticos y dos de diputados en lo individual), de una forma u otra, convergen en la necesidad de evitar que las Fuerzas Armadas persistan en una intensa actividad de contención y sometimiento a la criminalidad (organizada o no). Persistir en la indefinición jurídica como hasta ahora, evita que las autoridades civiles locales, a quienes por ley les corresponde atender el problema, se sigan recargando en la Federación para evadir –por cualquier motivo, sus tareas en la materia.

Estamos muy lejos de la supuesta y mal llamada militarización de la seguridad pública, ni en la práctica ni en la propuesta de Ley. Lo que sí debe evitarse, es que los recursos asignados como subsidio a la seguridad pública, sigan sin ser debidamente auditados (como también lo plantean la ONU y la CNDH), que la proliferación de bandas y grupos delictivos, se evidencie en las entidades en donde se realizan elecciones y buscan con las nuevas autoridades, un reacomodo en favor de sus criminales intereses. Esperemos que los trabajos en la Cámara de Diputados sean lo suficientemente oportunos para atender tan serio problema. De lo contrario, las labores para aprobar la Ley de Seguridad Interior, deberán mudarse a la Cámara de Senadores.
javierolivaposada@gmail.com