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Poder Nacional

  • Javier Oliva Posada

  • Seguridades interior y pública
  • Javier Oliva Posada

Londres. De nueva cuenta, ante la pasmosa inmovilidad de los liderazgos parlamentarios y judiciales del país, las discusiones sobre si es pertinente o no una Ley de Seguridad Interior sobre quiénes y hasta dónde son sus responsabilidades, se prolongan, el deterioro en funcionamiento cotidiano de los sistemas sociales locales sigue su marcha. Las resistencias desde distintas posiciones de interés, que no ideológicas, coinciden respecto de cómo frenar o de plano hacer a un lado los ajustes jurídicos necesarios.

Así, la mayor parte de presidentes municipales (expresidentes también) gobernadores (y exgobernadores) son de los primeros interesados, o al menos eso parece, en que las cosas sigan en una pendiente en donde las Fuerzas Armadas, sobre todo, son la abocadas a resolverles los problemas que por ley les compete. Pero no muy lejos de esas mismas posiciones de conveniencia, encontramos a los críticos de la posibilidad de la Ley de Seguridad Interior, desde la cómoda postura de la descalificación por consigna. Y a eso me refiero: a que coinciden en el resultado, postergar o eliminar la posibilidad de dicha ley. Y mientras tanto, la ciudadanía sigue padeciendo las agresiones sistemáticas e impunes de la criminalidad, organizada y común.

Varias veces los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional y Marina Armada de México lo han apuntado y argumentado: la certeza jurídica en sus diarias labores de apoyo a la seguridad pública requieren de previsiones legales. Bajo las actuales condiciones se hace muy difícil, principalmente por la ausencia de compromiso de parte de las áreas civiles locales en dicha tareas. Las evidencias, en cualquier semana del año, ante un evento cometido por el crimen, hay participación de policías locales e incluso de algún presidente municipal. Debe pasarse de ser, como hasta ahora, que las Fuerzas Armadas sean la primera opción para contener y someter al crimen organizado, a ser el último recurso.

En una entrevista televisiva del titular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, argumentaba justo en ese sentido. Entre más se prolongue la situación de las imprecisiones jurídicas, más tiempo se retrasará la recuperación (agrego, indispensable) de la paz social. E iría un poco más allá, de continuar por esta pendiente, el daño estructural a la democracia mexicana puede ser irreversible. Y esto debido a que si las autoridades electas por voluntad libre de la ciudadanía en todo el país, persisten en su incapacidad para recuperar las condiciones de normalidad, no será lejano el día que esos mismos votantes se cuestionen sobre la utilidad de los cuantiosos gastos para el funcionamiento de las competencias por el sufragio.

Cabe cuestionarse sobre los límites a la situación que se vive en varias partes del país. Un postura cómoda es verla y analizarla desde la Ciudad de México, sin más información que lo constatado en los muy diversos medios de comunicación (convencionales y digitales), pero otra, muy diferente, es conocer de primera mano la forma en que el crimen ha involucionarlo en una subespecie de tiranía o dictadura, contando siempre con el miedo, complicidad o protección de la autoridad local. Y allí, el único, no el último, recurso son las Fuerzas Armas. ¿Cuántas instituciones y funcionarios han fallado para qué está situación se perpetúe? Poner un límite, es fijar responsabilidades.
javierolivaposada@gmail.com