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Poder Nacional

  • Javier Oliva Posada

  • Javier Oliva
  • Las cosas por su nombre: reforma laboral del sector educativo

Las movilizaciones y protestas violentas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no son por el contenido de las asignaturas de Lengua Nacional, Civismo, Matemáticas, Biología, Historia, Geografía, entre otras. Tampoco bloquean calles y carreteras, porque estén en desacuerdo con las nuevas metodologías de enseñanza- aprendizaje o bien, por la incorporación de los recursos que la cibernética y la tecnología ofrecen a los alumnos de México, ni tampoco por el perfil del egresado en cada año escolar. De estos asuntos verdaderamente pedagógicos, no hay una palabra.

Están movilizados, debido a que los cambios aplicados para los criterios de ingreso, selección, evaluación y promoción de la carrera docente se modificaron a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, dentro de un paquete de medidas denominadas como reformas estructurales. Desde un principio, varios observadores de la realidad nacional señalamos que por su contenido, objetivos y procedimientos, lo que el sector educativo viviría, serían las condiciones laborales y contractuales de los docentes. Es decir, que las fuentes del control político gremial y del manejo discrecional de los recursos públicos por parte de las dirigencias de las secciones del Sindicato Nacional afines a la CNTE, entrarían a una fase terminal.

La cuestión no es menor. De ninguna manera es lo mismo, incluso como línea de comunicación social señalar que se trata de una protesta sindical motivada por las condiciones contractuales (y de control), que una serie de movilizaciones que tienen como base detener la reforma educativa en general. La argumentación de los líderes de la CNTE, por eso es eminentemente política y en nada se acerca a las cuestiones y condiciones pedagógicas ni menos aún, educativas. Incluso para el ciudadano de a pie, es mucho más evidente observar esta lucha por el control político y financiero dentro de un gremio, que referirse en abstracto y sin datos precisos, a detener la reforma educativa.

El Gobierno de la República, con este argumento, bien podría desplazar a las famosas mesas de negociación a un ámbito estrictamente laboral. Alejar, en lo posible, las disputas políticas con las dirigencias gremiales, para entonces sí, dirigirse a la aplicación de la reforma educativa. Se entiende que este sea el paso inicial, es decir, modificar las condiciones laborales de los docentes; por eso, lo visto hasta ahora, es muy diferente de una reforma educativa. Me pregunto, como sucede en cualquier escuela pública y privada, de cualquier nivel educativo, si hay un registro de las asistencias a impartir clases de los profesores que se han movilizado por varias partes del país.

Aunque ya se ha escrito y dicho mucho, imaginemos la calidad de la educación pública que reciben cientos de miles de niños, año con año escolar (con protestas y paros incluidos) en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, entre otros y que son, esos Estados de la República, los que concentran los mayores índices de marginación y pobreza. En muy buena medida, como consecuencia al carecer de las condiciones educativas adecuadas para salir y romper el denigrante ambiente de la desigualdad. Es del todo deseable, que el regreso a las aulas de los profesores, se dé a la brevedad. Que vuelvan a reponer las clases que no impartieron.

Analizar la manera en que el Gobierno de la República ha aplicado la reforma laboral en el sector educativo, es materia de otro análisis.
javierolivaposada@gmail.com