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Poder sin rumbo / Pedro Peñaloza

  • Pedro Peñaloza

“La población general no sabe lo que está ocurriendo, y ni siquiera sabe que no lo sabe”.

Noam Chomsky

1. Ayotzinapa: una apuesta al olvido. El Gobierno peñista ya tomó una decisión, la cual tiene como fundamento su incapacidad estructural y endémica de poder resolver un conflicto en donde se entrecruzan los intereses de diversos cuerpos policiacos y militares. Peña y su pequeño grupo prefirieron arrastrar reacciones y cuestionamientos dos años antes de las elecciones presidenciales para aminorar el costo político. Además, no perdamos de vista que es común que la memoria colectiva puede ser manejada por múltiples distractores que nublan los recuerdos e imprimen la desmovilización. Atropellar al GIEI y de plano desalojarlo es una muestra palpable del estilo autoritario (disfrazado de soberano) del grupo gobernante. La élite en el poder parece no tener conciencia de que se ha quedado sola, nadie avala su proceder, no hay una entidad internacional que la apoye, sus tradicionales aliados se le han volteado. Veamos: el Gobierno de Estados Unidos, por conducto del subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Francisco Palmieri, exhortó al Gobierno mexicano para que considere las recomendaciones finales del GIEI; por separado un grupo de expertos en Derechos Humanos del más alto nivel de la ONU, encabezados por Michel Forst, demandaron “una pronta puesta en marcha de las recomendaciones del GIEI”; de igual manera, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ZeideRa’adal Hussein, a través de su vocero Rupert Colville, expresó su preocupación por la partida del GIEI de México e hizo un llamado al Gobierno de Peña Nieto para asegurar el seguimiento efectivo del informe. Hasta Hillary Clinton, aprovechando su campaña electoral, cuestionó la incapacidad del Gobierno mexicano al no dar con el paradero de los estudiantes.

2. Un poder legislativo a tono con el grupo dominante. Una de las iniciativas que recientemente ha levantado mayor polémica ha sido el paquete de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. En el momento de escribir estas líneas, no existe acuerdo en el Senado para votar dichas iniciativas. Los argumentos en contra son para Ripley, ya que el PRI, el Verde y Roberto Gil con un grupo de panistas, están creando un nuevo bloque que podría impedir que la iniciativa se aprobara en este periodo. El núcleo de la polémica tiene que ver con el llamado “conflicto de intereses”, pero también con la revisión del manejo de dinero público. Por supuesto que el PRI tiene temor fundado de que los dispositivos del Sistema Anticorrupción puedan convertirse en un escaparate del enriquecimiento y del abuso del poder en México. “Todo en lo oscurito” ha sido el axioma del régimen priísta y de sus aliados. Así que, todo indica que no habrá, al menos en este periodo, los “disque” básicos que empiecen a aminorar las múltiples cadenas de corrupción y pagos de favores que envuelven a los políticos oficiales, a sus beneficiarios y a sus compañeros de viaje.

La narrativa priísta opositora para “matizar” u obstaculizar los elementos que facilitarían la detección de esta gigantesca coladera en la que está envuelto el país, se basa en argumentos baladíes, por ejemplo, decir que es anticonstitucional porque viola su privacidad y quehacer públicos, sus bienes podrían poner en riesgo su seguridad personal y la de sus familiares.

Epílogo. La clase política en el poder, vive en una vorágine de ocurrencias y de acciones de defensa de privilegios que pueden llevar al país a procesos de confrontación violenta, que no es deseable, pero todo indica que esa es la tendencia.

pedropenaloza@yahoo.com

Twitter:@pedro_penaloz