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Política de Estado / Héctor Tenorio

  • Héctor Tenorio

De manera visible, desde la matanza del 2 de octubre de 1968, hasta la fecha, la desaparición forzada de personas en nuestro país se ha convertido en una política de Estado, con la complicidad del Ejército mexicano. La diferencia de lo sucedido hace 47 años radica en que un sector de la sociedad es más consciente de sus derechos políticos. Exige saber que aconteció con los 43 normalistas desparecidos el 26 de septiembre del año pasado y que estos hechos no queden impunes. Les parece insuficiente que se hayan reconocido solamente a dos de ellos, además de los 111 detenidos. Si bien, es cierto que la mayoría de los ciudadanos avalan a unas autoridades que no velan por la seguridad y en sus entrañas se gestan procedimientos que atentan contra la paz social.

Al iniciarse la transición democrática en el 2000, los derechos humanos quedaron relegados, en teoría, debieron ser el punto de arranque del desmantelamiento del viejo régimen. Vicente Fox Quezada a pesar de contar con todas las credenciales democráticas, prefirió heredar la estructura del poder pero sin los mecanismos para hacerlo funcionar. La estabilidad de la Nación pasó a depender de los políticos en lo individual. No hubo manera de controlar los excesos de los gobernadores y demás servidores públicos. Ante tales circunstancias resultó lógico que en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa estallara la crisis de desaparecidos. Del 2006 al 2015 se registraron 25 mil 648 personas desaparecidas, según cifras oficiales.

Ahora bien, la noche trágica en Iguala impactó a nivel nacional, porque terminó siendo la gota (de sangre) que derramó el vaso de la guerra del Estado contra el narcotráfico. El reclamo de los padres de los normalistas encontró eco en la comunidad internacional que ha presionado al Gobierno federal y lo forzó a respaldar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En este contexto, se dio el segundo encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y los padres de los estudiantes donde no hubo acuerdos, los afectados presentaron un pliego de ocho peticiones y el Gobierno federal se comprometió con seis propuestas. El Mandatario ofreció ampliar el plazo del mandato del GIEI por seis meses más, le están exigiendo que los deje trabajar un año completo. Los familiares condicionaron un tercer peritaje oficial siempre y cuando los expertos extranjeros estén de acuerdo. Aunque se oponen a la creación de una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, prefieren que la investigación la realice una unidad especializada, con supervisión internacional. Además, quieren que se investigue al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y al gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

En la mira de Los Pinos se encuentran Aguirre Rivero y algunos integrantes de su gabinete. De igual forma, tratarán a Jesús Ortega, líder de Nueva Izquierda, como sospechoso, entre otros. Curiosamente el PRI no llamará a rendir cuentas al exmandatario guerrerense Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), a quien se le acusa de mantener supuestos lazos con el crimen organizado.

En el Senado de la República los grupos parlamentarios acordaron respaldar en lo general los ocho puntos de los padres de los normalistas. Pero se inconformaron dos senadores de la oposición, porque el acuerdo presentado por los coordinadores es diferente al que los familiares entregaron al Mandatario.

Mientras las protestas en las calles continuarán más allá del día 26 de septiembre. En el imaginario colectivo lo que sucedió es un parteaguas histórico.
tenorio_hector@hotmail.com