imagotipo

Política y contingencia ambiental

  • Claudia Corichi

Ha pasado más de un año de la grave crisis ambiental que llevó a replantear la política de contaminantes del aire en la megalópolis. En el marco de nuevas contingencias, la Comisión Ambiental (Came), parece quedar rebasada ante una obvia inacción del gobierno federal que -en una calculada jugada- delega a la CdMx la titánica tarea de enfrentar un problema en el que sus contrapartes no cooperan. La impopular “Fase 1” ha rotó record de permanencia, mientras que millones de ciudadanos esperan respuestas sin saber claramente a quién exigirlas.

Para quienes hemos vivido en la capital del país, el “smog” ha sido un tema de preocupación desde hace décadas. Se calcula que entre 1989 y 1999 la contaminación atmosférica rondaba entre los 300 y los 400 Imecas, es decir, más del doble de lo permisible en la actualidad.

Según información de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las personas que viven en zonas urbanas están expuestas a una mala calidad del aire, lo que conlleva nocivos efectos a la salud. Nueva Delhi, Karachi (Pakistán), Beijing o El Cairo, manejan niveles superiores a los 200 puntos de ozono, mientras en México, Monterrey o Guadalajara se tienen márgenes de 160-200 puntos cuando la calidad del aire es mala.

Hoy a pesar de las impopulares medidas la contaminación se ha reducido, y el aire que se respira en la CdMx se encuentra dentro de los niveles recomendados por la OMS en razón del estricto cambio que exigió la Cofepris el año pasado y por el que se ajustó el límite de 180 Imecas a 150 puntos para evitar la contingencia. Esta medida fue impuesta por el gobierno de EPN al gobierno capitalino, por lo que en lugar de asumir corresponsabilidad, delegó la carga política de manera directa a Mancera.

Derivado de esta situación, hoy se cuenta con diversos informes que arrojan que las acciones tomadas por la Came han resultado hasta cierto punto insuficientes, y que estas crisis no han podido mitigarse debido a que solo los capitalinos han cambiado sus rutinas y hábitos.

Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Morelos, e Hidalgo han permanecido al margen de las acciones que en teoría prometían reducir la emisión de contaminantes. Por su parte, el Ejecutivo no se ha responsabilizado por las verificaciones ambientales del transporte con placas federales como lo son los millones de tráileres y camiones que transitan diariamente por las arterias de la capital, y que como sabemos son en parte los grandes causantes de accidentes y caos viales.

Sin embargo, de entre estos actores destaca por su incumplimiento el Estado de México gobernado por el PRI, que en plena colusión con las mafias del transporte público ha dejado que impere la impunidad. La grave crisis de transporte que existe en esa entidad, así como el “singular” apoyo que han demostrado las rutas de camioneros hacia Alfredo del Mazo, “su candidato” refleja la falta de voluntad para resolver un problema que en el corto plazo pinta para convertirse, no solo en un asunto medio ambiental o de movilidad, sino de seguridad pública, de salud, de derechos humanos e incluso de gobernanza.

Es urgente exigir un replanteamiento de la movilidad y de la dependencia de energéticos fósiles que nos aleje de un fenómeno que al parecer, se seguirá viviendo cada año por estas fechas, de no hacer nada para terminar con él. Para ello, hace falta concentrar esfuerzos en soluciones y no en culpas -como hacer asequible la tecnología verde a la población-, ver por la salud de la gente, antes que por los votos.
Diputada por Movimiento Ciudadano