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Posición

  • Pablo Marentes

  • Pablo Marentes

Los cuarenta y cuatro presidentes de la República de Estados Unidos anteriores a Donald Trump, en sus respectivos discursos de toma de posesión, hablaron en singular para referirse a sus propósitos que los llevarían acumplir los deberes y obligaciones que asumieron respecto del todo social estatal, constituido por la población, el territorio y el orden jurídico, factores esenciales del Estado contemporáneo.

El discurso de asunción del poder político, dicho de memoria por Donald Trump ayer, es un discurso que impone políticas, propósitos, señala alcancese imputa responsabilidades por implicación. Su discurso es el dictado de un empresario poderoso acostumbrado a que sus decisiones sean acatadas sin discusión por sus subordinados. Trátese de procesos de expansión, crecimiento financiero, o aprovechamiento de coyunturas fiscales favorables, Trump en sus empresas ha ordenado qué hacer, a quien ver, qué papeles entregarle, quién redactará la solicitud pertinente, quien llevará los regalos y promesas de prebendas que obliguen a quienes conceden las prerrogativas que generarán las interpretaciones del gran empresario para no pagar impuestos, declarar con oportunidad una quiebra que le permita encapsular un mal negocio, para reabrirlo cuando sea saneado y produzca otra vez utilidades.

Max Weber nos recuerda que todo Estado está fundado en la violencia. La violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de que el Estado dispone. Pero sí es su medio específico. Hay violencia en la inmovilización total de una persona que ha cometido una violación de tránsito o agredido a otra persona. Hoy la relación del Estado con la violencia es especialmente íntima. En el pasado todas las asociaciones, la utilizaron normalmente. Hoy, el Estado se concibe como la comunidad humana que, dentro de un territorio determinado reclama exclusivamente el empleo del monopolio de la violencia física legítima. Pero en la actualidad solo emplean la violencia física las asociaciones o agrupaciones en la medida en que el Estado lo permite o la ordena. En rigor quien la autoriza es el Jefe del Estado. Él es la única fuente del derecho a la violencia. El Estado, como todas las asociaciones o entidades políticas que históricamentelo han precedido, es una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima. Para subsistir necesita, por tanto, que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes en ese momento dominan con fundamento en la ley. En principio la legitimidad del ayer estaba basada en la legitimidad tradicional, la de los patriarcas y los príncipes patrimoniales. En la actualidad, tienen “legitimidad” ¡los famosos!, como Trump, los grandes demagogos o los poderosos jefes políticos. También hay legitimidad basada en la dominación como la que ejercen el moderno servidor público y el preeminente servidor público: el Presidente.

Los 44 presidentes anteriores hablaron en tercera persona de plural. Los más destacados, cuatro o cinco de ellos, hicieron afirmaciones de prístina claridad: Lincoln en Gettysburg, Jefferson en su primera toma de posesión, John Adams, Andrew Johnson.

Durante su Gobierno, según su largo enunciado de propósitos, Trump no consultará. ¡A nadie! Decidirá solo. Y para ejecutar sus decisiones dispondrá, sin consulta del aparato integral de fuerza represiva, militar y civil que ha acumulado el Estado norteamericano a partir de su victoria en la Segunda Guerra Mundial.