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“Prifia”, linchamiento y vendetta

  • Ramón Ojeda Mestre

  • Ramón Ojeda Mestre

Se han violentado gravemente los derechos humanos del gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa. Su partido político, el PRI, le ha suspendido ilícitamente, cobardemente, arteramente, sus derechos políticos. Ello es anticonstitucional e inconstitucional en otra arista. Como el pelotón de fusilamiento de García Márquez en “Cien Años de Soledad!, así, los Savonarolas de su partido, “se le echaron de a montón” como en el corrido de Juan Charrasqueado, dizque por malos manejos económicos.

No es mi amigo Duarte, jamás he hablado con él, ni como gobernador, ni cuando era el hombre de confianza de Fidel Herrera Beltrán en los trasiegos de los dineros, pero eso no me hace tan, tan ciego que no me dé cuenta que si la Constitución dice que “toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras un juez no lo sentencie”, él es presuntamente inocente y por tanto el PRI, convirtiéndose en “el Castillo de la Pureza”, con el desagradable Ochoa Reza, el de la ostentosa liquidación de CFE, no puede prejuzgar y correrlo porque ahora les es incómodo después del brutal linchamiento mediático del que ha sido objeto.

Tampoco “meto las manos al fuego” por la honradez o acuciosidad en el manejo del erario del todavía gobernador maltrecho y linchado, pero es mi obligación ética presumirlo inocente aún en medio de la tempestad y conociendo bien a los que hoy le ladran y defenestran. Los priístas dignos deberían de rechazar este ilícito proceder de correrlo porque es una “PRIFIA” jurídica ante la que cualquier honorable juez de Distrito o magistrado de Circuito le concedería un amparo. A la suegra de Moreira la obligaron a devolver una casa de millones de pesos en Texas y ayer vimos a Ochoa el “Priísta”, “rasgándose las vestiduras” por el gobernador actual de Coahuila, el otro hermano Moreira, con el vergonzoso argumento, viscoso y purulento, de que fue el primer gobernador que apoyó su candidatura para presidente del PRI y que por eso lo va a defender.

En una iniciativa, que presentaron varios partidos políticos, entre los que se cuenta el Institucional, en voz de César Camacho Quiroz y que se convirtió en Ley del más alto rango, expresa el “artículo 20 Constitucional: B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.”

Por su parte el artículo 41 de la Constitución General de la República dice: “I. los partidos políticos son entidades de interés público” y por ende deben cumplir estrictamente la ley. El artículo 23 del Cofipe, señala que el IFE (INE) vigilará el cumplimiento o apego a la legalidad de los Partidos Políticos. Me parece bien que acusen a los gobernadores, secretarios de Estado, alcaldes o servidores públicos de cualquier nivel, incluido el Ejecutivo Federal, de cualquier trastupije que crean que les sea imputable, sabedores sufrientes que son los mexicanos de la escandalosa cauda de sinvergüenzadas que hemos presenciado, pero de eso, a hacernos justicia por propia mano, convirtiéndonos en acusadores, jueces y sancionadores, hay un gran trecho.

En Veracruz ahora todos los gobernadores son sospechosos incluidos los anteriores y el que viene, porque han sido señalados por el dedo flamígero de la opinión pública, pero no todos son o somos corruptos en México como se atrevió a proponer el mismísimo titular del Ejecutivo Federal, en el ejercicio de su cargo, en una de las más desafortunadas tesis que he visto en mi vida. “Con la vara que midan, serán medidos”.

rojedamestre@yahoo.com