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Propaganda electoral en internet

  • José Roberto Ruíz Saldaña

José Roberto Ruiz Saldaña

El reciente ejercicio de fiscalización de las campañas electorales en 14 entidades federativas, que tuvieron elecciones el pasado 5 de junio, confirmó el alto grado de importancia que tiene internet para difundir propaganda electoral, particularmente las redes sociales.

En los dictámenes de fiscalización se detectaron gastos por ese concepto por 21.7 millones. Contratar esos espacios no está prohibido, sino, entre otras cosas, no reportar tales gastos. Tan solo en la elección de Veracruz se detectaron gastos relacionados a internet por 5.3 millones, seguido de Durango donde se encontraron gastos por 4.1 millones y Sinaloa con 3 millones.

La posibilidad de encontrar gastos en internet en esta ocasión, generalmente no reportados, se debió a la oportuna solicitud de la autoridad electoral, sobre todo a Facebook, y la ética de dicha empresa por responder sobre servicios proporcionados a partidos políticos, coaliciones y candidatos. En total, en el periodo del 1 de enero al 2 de junio de este año, 900 sujetos obligados contrataron servicios en esa empresa.

La centralidad creciente de las redes sociales para dirigir mensajes propagandísticos en las competencias electorales es una realidad que el árbitro electoral no debe ignorar. Por primera vez en la vida electoral del país se reconoció, con toda claridad, que había que indagar sobre los recursos que los partidos y candidatos también destinan a esas nuevas sedes para emitir mensajes, así como sacar las consecuencias si se detectaban irregularidades, como el no reporte de dichos gastos.

Lamentablemente, existe una postura en la vida electoral de nuestro país que sostiene que el internet es un espacio de plena libertad y que las autoridades electorales no deben incursionar o intentar regular ese ámbito, so pena de afectar la libertad de expresión. Las sanciones impuestas con motivo de la fiscalización de las pasadas campañas, a propósito de los gastos irregulares sobre todo en redes sociales, desmiente esa visión y confirma que internet, si bien es cierto en sede política aspira a ser un espacio de plena libertad, en términos electorales es un terreno más en que se disputa la preferencia electoral y en cuanto tal deben aplicarse ahí también las normas electorales.

Muy probablemente lo resuelto por el INE, es decir, las sanciones por gastos millonarios no reportados en redes sociales, sea impugnado. Ojalá que, por el bien de la ampliación del derecho electoral y de la desmitificación del internet como un espacio de plena libertad, en su caso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las Salas Regionales (no es el caso de la Sala Regional Especializada) mantengan su postura por la regulación y continúen extrayendo las consecuencias jurídico-electorales que conlleva el uso del internet en nuestra fascinante materia.
* Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77                joseroberto.ruiz@ine.mx