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¿Pueden los servidores públicos ser representantes de partidos? / José Roberto Ruiz Saldaña

  • José Roberto Ruíz Saldaña

En el Instituto Nacional Electoral (INE) hemos recibido quejas de partidos políticos en las cuales se denuncia a servidores públicos por contravenir el principio de imparcialidad, toda vez que se desempeñaron como representantes de sus institutos políticos ante órganos electorales. Los denunciantes sostuvieron que la Constitución federal dispone claramente que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La mayoría de los consejeros electorales del INE han sostenido que en esos casos no se violenta ninguna norma y que el principio de imparcialidad no se vulnera cuando un servidor público, previo permiso para ausentarse de su encomienda sin goce de sueldo, acude a representar a su partido en las sesiones de los órganos electorales.

He sostenido que el INE está a buen momento de forzar un criterio consistente en la incompatibilidad entre el servicio público y la representación partidaria ante los órganos electorales. En primer lugar, porque el mismo servidor público es un recurso humano y la sola distracción de éste para ir a desempeñar aquellas encomiendas, aún con el descuento en su pago, constituye de por sí una distracción de recursos. Es una ficción que, con un permiso sin goce de sueldo, la persona deja de ser servidor público.

Además, si se limitara a quienes son servidores públicos para que no cumplan la función de representantes de partidos, no se estaría restringiendo sus derechos políticos desproporcionadamente. Estos derechos no son absolutos y es razonable limitarlos frente al principio de imparcialidad. Adicionalmente, no debemos olvidar que los funcionarios realizan actividades de decisión, titularidad, con poder de mando y representatividad, por lo que es necesario evitar cualquier posibilidad de presión sobre las autoridades electorales.

De igual modo, es inaceptable que los mismos servidores públicos sean quienes determinen cuáles días y horas son inhábiles, sin goce de sueldo, porque con ello se genera falta de certeza. Quedaría a su propio arbitrio durante los procesos electorales decidir en qué momento cumplen con su encomienda pública o pasan a su labor de representación.

Una ética pública, que urge fundar en nuestro país, nos debe llevar a la conclusión que los distintos niveles de Gobierno no pueden ser canteras de abogados con doble casaca, cambiables durante las elecciones. Los rezagos en distintas materias y la ineficacia de muchas políticas públicas nos deberían recordar que la distracción de los servidores públicos en actividades partidarias es un lujo que no nos podemos dar en México. Pero sobre todo, no debemos descuidar el principio de imparcialidad en las contiendas electorales. Éste es el valor a preservar y en el cual hay que insistir.
* Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77

joseroberto.ruiz@ine.mx