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Punto de vista

  • Jesús Michel

De acuerdo con el calendario escolar oficial, el próximo lunes regresan a clases -¿en serio?- 35 millones de estudiantes de educación básica. Eso es lo que debe ocurrir. No obstante, hay nubarrones en el espectro, porque los recién liberados dirigentes de la Sección 22, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, junto con otros de su gremio, amenazan con boicotearlo. Es una actitud criminal.

Porque es un crimen dejar si no a los 35 millones de educandos sin estudios, sí cuando menos a 5 millones, a los que les cercenan el futuro y les asesinan su esperanza de aprender para ser mejores y formar parte de aquellas personas que cuentan con un empleo gracias a los pocos o muchos conocimientos que abrevan en las aulas.

Permitir que los disidentes se conviertan en los actores principales de la educación nacional, es darles el poder que buscan para, en su momento, desestabilizar -de suyo lo hacen- a las instituciones legal, jurídica y constitucionalmente establecidas.

La Coordinadora representa a unos 200 mil maestros, un 15 por ciento del profesorado contratado por el Estado para dar cumplimiento al artículo tercero constitucional en cuanto a la educación gratuita. Pareciera y, es un hecho, que desde la CNTE se imponen criterios, programas, acciones. ¿En qué parte de la Constitución dice que quien no es titular del contrato colectivo de trabajo puede negociar las cláusulas?

Democracia implica respetar a las mayorías en la toma de decisiones y a las minorías en sus derechos fundamentales.

Eso, por supuesto, no ocurre. La minoría quiere aplastar a la mayoría. ¿Se dejará?