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Punto de vista

  • Jesús Michel

Ser laxos en la aplicación de la ley, deja vacíos que llenan quienes buscan poder. Dígalo si no, cuando vemos los excesos de la CNTE. Como si el problema con la disidencia magisterial fuera un tema menor, ahora se abren las puertas a las iglesias, cuando el subsecretario de Gobernación, Roque Villanueva, dice que hablar en contra de matrimonios igualitarios no es delito. Hacerlo desde los púlpitos y en los medios, podría serlo.

Más allá de consideraciones personales –justamente vivir en un Estado laico ofrece la libertad de profesar la religión que se desee-, se debe tomar en cuenta lo que provoca permitir estar en contra o a favor de determinado asunto y que las preferencias o rechazos se divulguen desde las iglesias. Existe una ley que regula los cultos. Podría ser obsoleta. Sin embargo, no hay condiciones políticas, sociales y religiosas para entrar en un debate de si se debe o no reformar, como lo exige el secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, Alfonso Miranda.

Según su leal saber y entender, la Ley de Cultos debe adecuarse a las normas internacionales lo cual, desde el ámbito de la globalización no está mal planteado. El riesgo es uno: que en uso de las libertades de culto, comience una “guerra” por derechos inexistentes en nuestra legislación.

Si la iniciativa presidencial para alinear la legislación con los fallos de la Corte no prosperó –en ningún sentido-. Se antoja difícil que ahora se presente alguna para modificar los artículos 24, 40 y 130 y promover una nueva Ley de Cultos. ¿Qué más quiere la Iglesia, las iglesias, que respeto?