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Punto de vista

  • Jesús Michel

Camino del sepulcro y sin domingo de resurrección. Así quedan los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo. Por osados y por suponer que como virreyes tenía la posibilidad de hacer y deshacer sin pagar costo alguno. El recurso de inconstitucionalidad presentado por la PGR ante la SCJN para el examen de si los Congresos locales tienen facultades para adelantarse a la entrada en vigor de las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, dejará sin efecto las reformas aprobadas para blindar a los mandatarios después de terminar sus gestiones.

La forma jurídica localizada por los abogados de la PGR –por cierto, en el Día del Abogado- no tiene defecto. La reforma constitucional de 2015 previó dos cuestiones fundamentales: 1.- Los Estados deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas anticorrupción se ajusten al Sistema Nacional y, 2.- Hasta que esto ocurra, las leyes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas, continuarán en vigor.

¿Y qué hicieron los gobernadores que se encuentran señalados de desvíos millonarios de los dineros públicos? Adelantarse en tiempo y forma y generar nuevas leyes que les dieran impunidad. Duarte anunció el retiro de sus propuestas. Borge no había dicho nada. Con la decisión de la PGR y seguramente el aval de la Corte, los mandatarios podrían empezar a buscar otra salida que les permita no ser juzgados y sentenciados.