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Raúl Aarón Pozos Lanz*

  • Raúl Aarón Pozos

Prioridades del desarrollo nacional

En la semana que recién termina se concluyó con el periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República. Fue una jornada muy intensa de trabajo, de una actividad legislativa acorde al impulso reformador que le ha dado la administración del presidente Enrique Peña Nieto, pero también una que procuró en todo momento estar a la altura de las necesidades y de las prioridades del desarrollo nacional. Sin duda, quedaron temas pendientes de legislar, pero bastaría con echar una mirada a lo que se hizo en este periodo para darse cuenta de la magnitud y del reto que implica legislar con responsabilidad, con seriedad y en un marco de respeto, reflexión y análisis entre las diferentes fracciones parlamentarias que integran el Senado de la República.

Los grandes temas fueron variados, desde lo económico, lo político, temas de derechos humanos, hasta temas que tienen que ver con la justicia, pero todos de vital importancia para el país y particularmente para regiones que requieren de un impulso especial para mejorar sus estándares de desarrollo y estar a la par del resto de las entidades federativas. De esto trata precisamente la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, iniciativa que presentó el presidente Peña Nieto y que tiene como fin superar los rezagos en la región sur de México, de aprovechar el potencial productivo y ventajas geográficas y logísticas de la región a través de un nuevo modelo de desarrollo para el sur del país. Esta iniciativa es de suma importancia para estados como al que honrosamente represento en el Senado, pues se le dará a Campeche y a otros Estados del sur del país, un tratamiento diferenciado que nos permita no solo remontar décadas de un desarrollo dispar al del resto del país, sino que a través de acciones específicas de política económica y fiscal podamos aprovechar las ventajas competitivas y comparativas para generar más oportunidades para los mexicanos del sur.

De la mano de esta iniciativa, también se aprobó en el Senado la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, con la cual se dota al estado mexicano de nuevos y mejores instrumentos para asegurar las finanzas públicas y con ello procurar la estabilidad macroeconómica del país. En el fondo, se trata de imponer controles a los niveles de endeudamiento de las entidades federativas de forma tal que impulsen el desarrollo sí, pero cuidando la disciplina financiera para no sobre endeudar y poner en peligro la viabilidad económica de cada Estado.

La consolidación de un estado no solo de derecho sino de derechos que ha impulsado el Presidente, también se reflejó en las leyes que se aprobaron en el periodo ordinario de sesiones. Tal es el caso de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona y los derechos específicos reconocidos a los menores de edad. Junto con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes permite una visión integral del ejercicio de sus derechos de este grupo tan importante de la población. Esta legislación aportará un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se les atribuya la comisión de participación de un delito, que tengan entre doce y dieciocho años de edad, al tiempo que garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona y los derechos específicos que le son reconocidos a los menores de edad.

De igual trascendencia fue la aprobación de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en Materia de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que propone que el delito de tortura sea imprescriptible y se castigue con una pena de prisión de hasta 30 años. Estos delitos se investigarán y perseguirán de oficio por denuncia o vista de autoridad judicial.

En materia política, con su aprobación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene como objetivo fortalecer la democratización del país, así como establecer una relación entre el gobierno y la sociedad basada en la rendición de cuentas y de apertura total para que la ciudadanía supervise las acciones del Gobierno y vigile que los recursos, sus recursos, sean empleados de manera óptima. También gracias a la aprobación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ahora se creará un registro nacional de datos personales, administrada por el IFAI, que tendrá por objeto transparentar y hacer del conocimiento del público en general las bases de datos personales en posesión de cualquier responsable.

Para transformar no solo el sistema penitenciario mexicano, sino para reforzar el sentido de la justicia, se aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal. Con la entrada en vigor de este ordenamiento podrán salir de prisión las personas detenidas por “el robo de hambre” así como quienes hayan sido detenidos portando hasta cinco kilos de marihuana, sobre todo mujeres denominadas “mulas”. El propósito último de este ordenamiento es el de generar una verdadera reinserción y no solo la hasta ahora ineficaz readaptación social.

La actividad legislativa fue tan intensa que el espacio es insuficiente para hablar de ella. Quedaron pendientes que se atenderán a la brevedad porque entendemos en el Senado de la República que urgentes son también las necesidades de las y los mexicanos y que solo con el trabajo responsable estaremos a la altura de sus demandas.