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Razón de Estado

  • Joaquín Narro Lobo

  • Joaquín R. Narro lobo
  • Autonomía de los organismos públicos de derechos humanos

 

Apenas el pasado jueves y viernes se llevaron a cabo el Congreso Nacional y la Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. La Federación, asociación que agrupa a todos los organismos estatales y nacional públicos que promueven y protegen los derechos humanos, centró sus trabajos en la discusión sobre temas tan relevantes como la reparación integral del daño para víctimas de violaciones a derechos humanos, el Protocolo de Estambul como mecanismo para determinar la posible comisión de actos de tortura, así como la autonomía normativa y presupuestal de cada una de las Comisiones, Defensorías y Procuraduría de defensa de los derechos fundamentales.

Es justo en este último tema, el de la autonomía normativa y presupuestal, estriba uno de los grandes retos de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDHs) en los tiempos actuales. No es posible imaginar que una entidad pública cuya naturaleza es la de defender a las personas del posible abuso del poder y su materialización en violaciones a los derechos humanos, responda plenamente a las expectativas sociales cuando se encuentra sujeto a una normatividad que muchas veces lo limita o condiciona en su actuación y que hace del presupuesto el mejor mecanismo para controlar parte de las labores que le corresponderían.

Para nadie es un secreto que la asignación y aprobación de presupuestos es una de las más claras formas de ejercicio del poder, pero también una definición de los intereses y prioridades de un Gobierno. Por eso la importancia de abrir la discusión en estos temas y con esto generar una mayor conciencia en los Gobiernos locales para garantizar presupuestos congruentes con la realidad por la que atraviesa el país. No es posible pensar que un OPDH pueda hacer lo necesario para promover y proteger los derechos humanos de las personas cuando su presupuesto anual apenas alcanza los cuatro millones de pesos para pagar nómina, renta de oficinas, gasolina y mantenimiento de vehículos, material de papelería y cubrir cualquier otro gasto de operación. De igual manera, no es posible que mientras se habla de una situación crítica en materia de derechos humanos, se piense que con destinar anualmente tres pesos por habitante la misma cambiará en el corto plazo.

Los OPDHs hacen una gran labor en la promoción y protección de los derechos humanos a pesar de lo limitado de sus presupuestos y de lo complejo que resulta la coexistencia con Poderes formales y fácticos que muchas veces ejercen un grado de presión difícil de imaginar desde el mirador del escenario nacional. Hablar desde los Gobiernos de un compromiso con los derechos humanos implica modificar patrones de comportamiento de las autoridades, pero también de congruencia al momento de asignar presupuestos.

A todas y todos mis compañeros de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos, un gran reconocimiento por su esmerada labor e irrestricto compromiso con la dignidad de las personas y el ejercicio del poder siempre apegado a la legalidad. ¡Gracias por su entrega en la defensa de los derechos humanos!
*joaquin.narro@gmail.com    Twitter @JoaquinNarro