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Recopilaciones

  • Recopilaciones: Carlos Durón García

La Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, fue un conflicto armado de México que se prolongó desde 1926 a 1929 entre el Gobierno y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que resistían la aplicación de legislación y políticas públicas orientadas a restringir la participación de la Iglesia católica sobre los bienes de la nación así como en procedimientos civiles. La Constitución mexicana de 1917 establecía una política que negaba la personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias del derecho a poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250 mil, entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y del Ejército Mexicano. Con el ocaso de la “conciliación” porfirista en la primera década del siglo XX emergieron nuevamente tendencias anticlericales, que se expresaron durante la Revolución en actos de violencia y una legislación restrictiva, fijada en la Constitución de 1917.9 Después de un período relativamente apacible durante los Gobiernos de Carranza y Obregón, la presión anticlerical se intensificó con la elección de Plutarco Elías Calles a la presidencia. En 1925, con apoyo de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) se creó la Iglesia católica apostólica mexicana, dotándola de edificios, recursos y medios para romper con el Vaticano. la Ley Calles es una modificación al Código Penal11 en 1926 por el Presidente Plutarco Elías Calles, para limitar las manifestaciones religiosas con el fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los controles que la Constitución de 1917 estableció en el Artículo 13012 como parte del modelo de sujeción de las Iglesias al Estado. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de las iglesias en general en la vida pública, pero dadas algunas características de la legislación, en algunos estados se llegaron a establecer leyes que obligaban a que los ministros de culto fueran personas casadas y se prohibía la existencia de comunidades religiosas, además de limitar el culto religioso únicamente a las iglesias, así como prohibir el uso de hábitos fuera de los recintos religiosos. La ley reglamentaria del 130 constitucional facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los “ministros del culto”. Tal fue el caso de los gobernadores más radicales, como Tomás Garrido Canabal del estado de Tabasco quien decretó normas que iban incluso más lejos, pues obligaban a los “ministros del culto” a ser personas con estado civil de casados para poder oficiar, mientras que en estados como Chihuahua se pretendió forzar a la Iglesia católica a operar con un número mínimo de presbíteros, mientras que en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros. Confrontada con esta situación, la Iglesia intentó reunir dos millones de firmas para proponer una reforma constitucional. La petición de los católicos mexicanos fue rechazada. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó severos daños a la economía nacional, al tiempo que sirvió para que las posiciones de distintos grupos dentro de la propia Iglesia católica en México se radicalizaran. La radicalización hizo que en zonas de los Estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán y parte de San Luis Potosí al igual que Zacatecas, en la Ciudad de México, y en la península de Yucatán creciera un movimiento social que reivindicaba los derechos de libertad de culto en México. La dirigencia del movimiento, cercana pero autónoma respecto de los obispos mexicanos, creyó viable una salida militar al conflicto. En enero de 1927 empezó el acopio de armas; las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos. El apoyo a los grupos armados fue creciendo, cada vez se unían más personas a las proclamas de ¡Viva Cristo Rey! y ¡Viva Santa María de Guadalupe! lanzadas por quienes fueron conocidos como los cristeros. El origen del sustantivo cristero es disputado. Hay quienes consideran que fueron ellos mismos quienes utilizaron el nombre primero para identificarse, pero hay investigadores del fenómeno, como Jean Meyer, quienes consideran que, en sus orígenes, era una expresión despectiva, usada por agentes del gobierno federal, derivada de cristiano.