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Reformas con beneficio social

  • Raúl Aarón Pozos

Raúl Aarón Pozos Lanz

Cuando una sociedad se transforma al ritmo que ahora lo hacen la mayoría de las economías del mundo, es difícil recordar que algunos acontecimientos son capaces de generar impactos inmediatos para sus habitantes. Hace apenas algunos años, en el 2013, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó la reforma constitucional en Telecomunicaciones, reforma que formó parte de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México.

El objetivo de ésta y de un conjunto de reformas adicionales de gran calado, tienen como propósito generar una mayor competencia económica, principalmente en telecomunicaciones. Entre otras cosas, se propuso la licitación de dos cadenas nuevas de televisión abierta y una iniciativa para reconocer el derecho de acceso a la banda ancha. El 11 de junio de 2013, salieron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y como parte de ese esfuerzo, el 10 de septiembre de 2013, se integró el Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano regulador no solo de las telecomunicaciones y la radiodifusión sino también de la competencia económica en el sector.

Adicionalmente, se presentó la Estrategia Digital Nacional, que tiene como fin acercar las tecnologías de la información y comunicación a la población e incorporarlas a la vida cotidiana de las personas, de las empresas y del propio Gobierno.

Quizá más importante aún, es que el Instituto debe realizar las labores correspondientes para garantizar a los mexicanos el acceso equitativo a las tecnologías de la información y la comunicación, incluido Internet. El Instituto debe vigilar que estos servicios sean prestados en condiciones de calidad y que no exista ningún tipo de discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas o atente contra la dignidad humana.

La incursión de las tecnologías de la información, sobre todo a través de internet y particularmente por medio de la banda ancha, ha puesto una presión tremenda en la competencia entre las naciones del mercado global. México es un país en posibilidades de desempeñar un papel preponderante en este mercado global, tenemos los recursos humanos y materiales además de una ventajosa posición por vuestra cercanía con Estados Unidos.

Las reformas en materia laboral y educativa que tienen como objetivo mejorar la competitividad, actuarán en conjunto con la de telecomunicaciones para que podamos competir en términos de igualdad con países que han incursionado desde hace algún tiempo en la modernización de sectores estratégicos como es el de las telecomunicaciones.

Lo que nos proponemos hacer los mexicanos en este sector de política no es menor y tiene ya ventajas inmediatas. Gracias a las reformas constitucionales en el sector, las empresas de comunicación han dejado de cobrar servicios de roaming que hasta hace poco venían cargados en nuestros recibos de telefonía. Es claro que el desarrollo de transacciones comerciales en todo el país se verá favorecido por esta nueva regulación que de inmediato beneficia a los consumidores, no solo por un incremento en las llamadas a todo el país, sino porque también puede generar condiciones novedosas para que otros prestadores del mismo servicio ofrezcan iguales o mejores condiciones de telefonía celular, y con ello, mejorar la competencia y la calidad de los servicios.

Sin embargo, existe también otro aspecto relacionado con este sector que ya ha sido analizado y experimentado en otros países, y me refiero al impacto que las telecomunicaciones pueden tener en la ampliación y consolidación de la vida democrática de los países. El presidente Peña Nieto tenía claro al inicio del proceso de reforma que las telecomunicaciones se han convertido en un instrumento habilitador que permite a las personas ejercer sus derechos y libertades, expresar e intercambiar ideas, buscar información, obtener conocimientos y establecer vínculos sociales.

Por ello, en nuestro país, las telecomunicaciones se han convertido en un vehículo accesible e inmediato para cumplir con el objetivo que está plasmado en los artículos sexto y séptimo de nuestra Constitución, esto es, la transparencia y el derecho a la información. Así cumple el Gobierno y los legisladores al diseñar un andamiaje institucional que coadyuva no solo con la consolidación de un Estado de Derecho, sino al perfeccionamiento de un Estado de Derecho.