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Refugiados en México, lo que falta por hacer

  • Denise González y Julián Lomelín

Denise González y Julián Lomelín

Una persona refugiada huye de su país de nacionalidad porque su vida está en peligro, huye porque no tiene otra opción para preservar su vida frente a amenazas diversas. A diferencia del migrante que sale de su país para encontrar mejores condiciones económicas en otro lugar, la persona refugiada tiene “fundados temores de ser perseguida” por motivos de raza, nacionalidad, religión, género, opiniones políticas o por su pertenencia a determinado grupo social en su país de origen.

Es también la persona cuya “vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Mucho hemos escuchado y leído sobre la crisis de refugiados en Europa derivada del movimiento masivo de personas que salen de Siria, Afganistán, etcétera. Pero es importante destacar que México también es receptora de un número creciente de personas refugiadas.

Lo anterior queda evidenciado por el incremento de personas que solicitan ser reconocidas como refugiadas en México. De acuerdo con las cifras publicadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), mientras en el año 2013 dicho organismo recibió mil 296 solicitudes, el año pasado fueron presentadas ocho mil 781 solicitudes.

Si bien, dichas solicitudes corresponden a personas de distintas nacionalidades, la mayoría son de personas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, en donde prevalece un contexto de violencia e inseguridad por la operación de las maras y la incapacidad y/o falta de voluntad de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para proteger a su población.

El ingreso a México de personas que huyen de situaciones que vulneran su integridad, su seguridad o su vida, de acuerdo a lo dicho en el primer párrafo de este breve artículo, genera obligaciones al Estado mexicano, como la de garantizar la existencia de mecanismos que permitan la adecuada identificación y protección de la población refugiada.

Por desgracia, aunque en México contamos con una Ley sobre Refugiados que establece tales mecanismos y con un órgano gubernamental encargado de determinar la condición de refugiado y otorgar el asilo a quienes lo necesitan (la Comar) todavía hay diversos problemas que se deben de resolver en la manera en que se implementa la ley.

De por sí la política migratoria, basada en la detención y la deportación de migrantes, representa un gran problema y una fuente de contradicciones para la protección de personas refugiadas en México, pero a eso hay que agregar una serie de obstáculos que todavía se deben superar para que la protección sea efectiva.

Es en este marco que un grupo de organizaciones de la sociedad civil y la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, a través del Programa de Derechos Humanos, el Programa de Asuntos Migratorios y la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa” participarán hoy en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C., audiencia en la que participará también el Estado mexicano.

La audiencia se puede ver esta mañana a las 7:45 am en: http://www.oas.org/es/cidh/
*Integrantes del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.