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Reglamento polémico / Dr. Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

Departiendo con un grupo de amigos capitalinos el tema fue el nuevo reglamento de tránsito y me pareció muy puesto en razón el comentario de uno de ellos que entre bromas y veras decía que si por cada bache, tope no señalizado o coladera con tintes de cráter, se le dedujera de sus impuestos al contribuyente que lo reportara, el equivalente de una multa promedio, la ecuación sería más justa. En estos días pude constatar las paradojas de la nueva reglamentación cuando conduciendo de noche sobre José María Rico, para dar vuelta la izquierda, me encontré de frente con un microbusero que circulaba sin luces y al llegar a mi destino contemplé una fila de camiones de mudanzas estacionados justo frente a un letrero que prohíbe el estacionamiento.

Durante ese trayecto, escuchaba a una señorita explicarle a un locutor, en un tono casi robótico, las bondades del flamante reglamento en cuya redacción había participado la organización ciudadana a la que pertenece. En su bien aprendido discurso afirmaba orgullosamente que el ordenamiento, de nivel primermundista, busca la mayor protección para peatones y ciclistas al tiempo que alababa las elevadas multas que se aplicarán a los automovilistas desobedientes, en tanto que a peatones y ciclistas infractores solamente se les amonestará. Me pregunto si esa política paternalista es congruente con la disposición constitucional que prohíbe la discriminación, especialmente si está motivada más por la diferente capacidad de pago con fines recaudatorios, que por un generoso afán de protección, pues si esta fuese la primordial preocupación debería ser obligatorio para los ciclistas el uso del casco, pero parecería que la verdadera protección es para los choferes abusivos de transporte colectivo y los impunes invasores de la vía pública. Mientras la gente no vea corregidas estas anomalías, rechazará la injusta aplicación selectiva del reglamento y se preguntará sobre la utilidad que habrá de reportarle la elección adicional de diputados constituyentes que la doten de una Constitución, en rigor innecesaria para la emisión de reglamentos justos y eficaces.

Entiendo perfectamente la necesidad de regular la movilidad en nuestra gran urbe y el deber de la autoridad de hacer respetar las normas y volver normal su acatamiento; así como arraigar una cultura de la legalidad y una acendrada ética basada en el generalizado respeto mutuo; pero en ese esquema, una lógica igualitaria debería conducir a una etapa de transición en la que todos fueran tratados con la misma vara, sancionando con amonestación a cualquier transgresor y una vez concluida esta, ser igualmente exigente con el automovilista que invade un paso de cebra que con el peatón que se cruza la avenida Zaragoza toreando carros justo por abajo de donde existe un puente peatonal, (yo he visto a algunos hacerlo llevando de la mano a un niño) con riesgo no solo de su vida sino la de los automovilistas que circulan correctamente o incluso de la libertad de estos como responsables de un accidente que no provocaron. Asimismo tendría que sancionarse con rigor al ciclista que serpentea temerariamente en los carriles centrales de una avenida o que se pasa descaradamente un alto. Es claro que las sanciones económicas deben adecuarse a las posibilidades del infractor, pero si se pretende arribar a una vida ordenada, los instrumentos disuasivos deben ser parejos, de otro modo el caos seguirá reinando así se sobrepongan reglamentos, leyes, constituciones o mandatos divinos.

eandrade@gmail.com