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  • Benjamín González Roaro

  • Benjamin González Roaro
  • La educación y el presupuesto

 

En el contexto de la exigencia para que México logre una educación de calidad con equidad y frente a las dificultades que enfrenta el Gobierno para hacer efectiva una reforma educativa a nivel nacional, en esta ocasión me gustaría comentar dos importantes estudios publicados recientemente, no sólo para reiterar que la educación es nada menos que el eslabón que vincula justicia social, bienestar, sostenibilidad, equidad, inclusión, crecimiento económico y mejores condiciones de vida para los mexicanos, sino también para dejar constancia de lo lejos que estamos de alcanzar este anhelo a la luz de la insuficiencia de recursos previstos por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF-2017), para el sector educativo.

El primer documento es el “El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo” realizado por la UNESCO. Ciertamente, uno de los fines esenciales de la educación es el de fomentar “el tipo adecuado de competencias, actitudes y comportamientos que llevarán al crecimiento sostenible e inclusivo”; sin embargo, su contraparte es vital, es decir, que ese crecimiento económico no profundice las desigualdades sociales, que cuide el ambiente y que sea capaz de generar prosperidad para todos.

Y es en este punto donde me cuestiono la congruencia de la reforma educativa con los propósitos que apunta el organismo internacional. Si bien, el objetivo central del cambio educativo es alcanzar una educación de calidad para nuestros niños y jóvenes, así como impulsar el desarrollo de la Nación; la política económica y de gasto público avanzan en sentido contrario, ya que sus “resultados” son preocupantes: más desigualdad, pobreza y exclusión, además de restricciones presupuestales para la educación, ciencia, tecnología y cultura. Justamente lo que la UNESCO pide que las naciones eviten
hacer.

El segundo estudio, el “Panorama de la Educación 2016”, de la OCDE busca demostrar la manera en que “los empleos, los salarios, los niveles de salud y la satisfacción con la vida” están directamente vinculados con los logros educativos, así como con el nivel de habilidades y destrezas de la población, precisando que México tiene mucho qué avanzar en este sentido.

A pesar de las aportaciones que hacen estos dos informes y a pesar también de la situación en que se encuentra nuestra educación, el gobierno mexicano nos ha mostrado la otra cara de su discurso: en el PPEF-2017, el Presupuesto de la SEP se verá reducido en un 10.6 por ciento respecto a lo aprobado en 2016.

Esto se traduce en menos recursos para programas clave como: Inclusión Digital, que otorga tabletas a los alumnos de quinto año de primaria; Escuelas de Tiempo Completo, que permiten ampliar la jornada escolar, proporcionar servicios de comida a los alumnos y pagar a los maestros por una jornada laboral extendida; Desarrollo Profesional Docente, para fortalecer la formación continua de maestros de educación básica y media superior (aquí el recorte fue del 37 por ciento); el Programa de Reforma Educativa, que se traduce en recursos para el mantenimiento menor y mejoramiento de mobiliario de las escuelas (la reducción es del 71 por ciento); y, el de Inclusión y Equidad Educativa, cuyo objetivo es abatir las desigualdades en el sector.

Al revisar las recomendaciones que plantean la UNESCO y la OCDE, uno esperaría que el Presupuesto Educativo reflejara el lugar que la educación ocupa en la agenda nacional, pero no es así.

No obstante, el Ejecutivo Federal despliega una propaganda para vendernos la idea de que la Reforma Educativa es la más importante de todas, pero, a la hora de ajustar el Presupuesto, ni la educación queda a salvo.

Esta es una más de las contradicciones y constantes desatinos de este Gobierno.