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  • Benjamín González Roaro

  • Benjamin González Roaro
  • El respeto a los derechos de las niñas

 

En el año 2011, la Asamblea General de la ONU, declaró el 11 de octubre como el “Día Internacional de la Niña”. Si bien uno de los principales esfuerzos que actualmente se realizan en todo el mundo tiene que ver precisamente con la búsqueda de la igualdad de género, también es cierto que hoy más que nunca se requiere del apoyo y la decisión de gobiernos y sociedades para hacer frente a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran millones de niñas.

El objetivo que la ONU persigue es contribuir al reconocimiento -y yo agregaría, también garantizar el respeto- de los derechos de las niñas, que son víctimas de la discriminación y la violencia.

Sin embargo, derivado del tema del género, las niñas también padecen problemas de alimentación, educación y nutrición, así como inequidad por el origen étnico y la ausencia de ingresos económicos en sus familias. Por si esto fuera poco, son las niñas y adolescentes quienes viven en carne propia casos de embarazos no deseados y matrimonio infantil, violaciones, enfermedades de transmisión sexual, alto riesgo de cáncer uterino e insuficiencia de servicios vinculados con la pubertad y la salud reproductiva.

Al momento de escribir estas líneas, vienen a mi mente imágenes que seguramente todos hemos visto en redes sociales y medios de comunicación: niñas que viven en situación de marginación y pobreza, que carecen de todo y para quienes su futuro es de lo más incierto. Es más, por momentos pareciera que para ellas no hay futuro, pues éste se encuentra atado a las reducidas posibilidades que sus familias tienen para superar la pobreza y todo lo que ésta trae consigo.

Hablamos de cerca de 20 millones de niñas y adolescentes en México. En este sector de la población del año 2011 al 2013 tuvieron lugar 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años; el 9.6 por ciento de entre los 15 y 17 años alguna vez estuvo embarazada y al menos 30 mil adolescentes han padecido un aborto. Si nos vamos al tema de la educación -analfabetismo- o a la realización de actividades laborales no permitidas, las cifras también son preocupantes.

En nuestro país, el reconocimiento de los derechos de las niñas -al igual que el de los niños- no ha logrado avanzar al ritmo que todos quisiéramos, mucho menos acorde al tamaño de los desafíos que tenemos. Contamos con un marco jurídico relativamente reciente y moderno contenido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, principalmente.

Ciertamente, esta base legal es congruente con las iniciativas y acciones que se emprenden en el mundo; sin embargo, el mandato constitucional tiene que ser operacionalizable, esto significa que todos los niveles de Gobierno, apoyados en una amplia convocatoria a la participación de toda la sociedad, deben cumplir con lo que la ley establece y que se resume en “garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”.

Los derechos de las niñas están reconocidos, pero solo de manera formal, de nada servirá contar con una legislación avanzada si no existe la voluntad política para llevarla a la práctica.

En este tema, como en muchos otros de la agenda que impactan en las condiciones de vida de la mayoría de la gente, hacen falta recursos presupuestales continuos, eficacia, coordinación, corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. El país no puede seguir condenando a millones de niñas al olvido o dejándolas a su suerte.