imagotipo

Responsabilidad de los servidores públicos / Así es el Derecho / Élfego Bautista

  • Élfego Bautista

Estando al tanto de la vida política nacional es común oír voces que exigen que quienes somos servidores públicos, llámese gobernador, legislador, juzgador o secretario de Estado, rindamos cuentas y asumamos la responsabilidad de nuestros actos, petición más que sensata si queremos un verdadero Estado de Derecho.

Un Estado de Derecho real, además de ser caracterizado por su sometimiento al imperio de la Ley, debe organizar sus funciones a través de la división de poderes, garantizar derechos y libertades fundamentales a las personas, contar con un sistema de legalidad en la administración pública, es decir, la actuación de esa administración debe ajustarse a la Ley, y limitarse a lo permitido por normas preexistentes.

La mejor manifestación de la legalidad en la administración pública es la existencia de un sistema de responsabilidad de los servidores públicos, que garantice a los ciudadanos un control a nuestra actuación, mediante mecanismos e instituciones adecuadas, que en nuestro país se encuentra previsto en el título cuarto de nuestra Ley Suprema.

Todo servidor público, somos responsables de lo que realicemos en el desempeño de nuestras respectivas funciones, así como por violar la Constitución o las leyes federales. Se considera servidor público a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios, empleados y a toda persona que desempeña un cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, local o municipal, así como quienes laboramos en los órganos que ejercen las funciones ejecutiva, legislativa o judicial de las entidades federativas, y en los organismos públicos autónomos.

En nuestro sistema jurídico, podemos distinguir diversos tipos de responsabilidades propias de los servidores públicos: la administrativa es cuando se falta a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debemos observar en el desempeño de nuestro empleo, cargo o comisión (las sanciones consisten en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como condenas económicas, de acuerdo a los beneficios que haya obtenido el responsable y los daños y perjuicios patrimoniales causados).

La responsabilidad civil, cuando con nuestra actuación, los servidores públicos causemos daños patrimoniales cuantificables en dinero (una clase especial de este tipo, es la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que, con motivo de la actividad administrativa irregular, se cause en los bienes o derechos de particulares, en cuyo caso pueden reclamar una indemnización); la responsabilidad penal del servidor público sanciona en especial por enriquecimiento ilícito durante su cargo, o por motivos del mismo, con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas económicas o privativas de la libertad.

La responsabilidad política, que atañe a funcionarios de alto rango, surge cuando los actos del servidor redundan en perjuicio de los intereses públicos o fundamentales; en este caso las sanciones se aplican mediante juicio político y consisten en destitución o inhabilitación del servidor público; también se habla de una responsabilidad laboral, por la naturaleza del vínculo existente entre el servidor público y el Estado.

Ninguna de estas responsabilidades excluye a las otras, es decir que a los servidores públicos se nos pueden atribuir una o todas las responsabilidades mencionadas, sin que exista una doble imposición de sanción, pues aunque la misma conducta sea el origen, el fundamento y sustento, puede encuadrar en distintas materias.

Estas responsabilidades se encuentran en diversos ordenamientos jurídicos, como la Constitución Federal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, leyes civiles y penales, además de algunos ordenamientos locales, por lo que podemos decir que en el país, contamos con instrumentos jurídicos para subordinar a los servidores públicos al cumplimiento de la ley, y al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Así es el Derecho